El encierro de menores migrantes tiene un costo doble.
Además de ser la conclusión de una cadena de hechos de abandono y victimización que provoca inestabilidad física, emocional y social en los infantes, también representa una gran carga económica y en materia de derechos humanos a los estados.
Así lo afirmaron expertos de diversas nacionalidades que ayer participaron en la mesa redonda "Dibujando el futuro: alternativas de atención y cuidados para la niñez y la adolescencia migrante".
"El abandono se va trasladando a través de las fronteras", indicó Sofía Almazán, directora de Casa Alianza México.
"La respuesta institucional, social, está repleta de ignorancia, insensibilidad, de mecanismo donde no hay respuestas completas", reprochó.
En México, la cantidad de infantes no acompañados alojados en estaciones migratorias y que son devueltos a sus naciones, crece exponencialmente. En 2010 se reportó una cifra de 2 mil 869 menores repatriados; en 2011, 2 mil 801 y en 2012, 3 mil 820.
Grant Mitchell, director de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC), afirmó que los Gobiernos ven a los niños sólo como personas indocumentadas, por ello los dejan en total desprotección.
Aseguró que el encierro no ha logrado contener los flujos migratorios, en cambio, genera un impacto negativo en la salud de los pequeños.
"Las alternativas a la detención se está viendo que son 80 por ciento más económicas y más efectivas", sostuvo.
Leonel Dubón, director de la asociación "El Refugio de la Niñez en Guatemala", apuntó que existe la tendencia gubernamental de confundir "detención" con "protección", pues se ignoran los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes adoptadas por los países.
Para Gary Mead, exdirector ejecutivo adjunto de Operaciones de Vigilancia y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de Estados Unidos, -país que este año podría registrar la cantidad de 40 mil infantes no acompañados- es indispensable encontrar un equilibrio para evitar los ingresos indocumentados y al mismo tiempo proteger a los infantes que logran entrar.
"Se debe tratar a los niños como una población vulnerable y no tratarlos como criminales que están esperando su juicio por un crimen que no han cometido.
"Si sólo los dejan entrar al País se va a encontrar el riesgo de que sean victimizados, explotados económicamente, física y sexualmente", alertó.
