La carta que el 15 de octubre escribió el obispo de Apatzingán, don Miguel Patiño Velázquez, describiendo el estado de violencia e inseguridad que reina en la región de Tierra Caliente, más que denuncia, es una llana, pero candente descripción de hechos. La reacción del crimen organizado fue la de mandar cinco amenazas al párroco de la Catedral, el padre Salvador González, incluyendo una directa para el obispo.
El padre González amplía la información. La carta diocesana no es la primera publicada por Monseñor Patiño. Desde 1995 a 2012, las ha escrito como respuesta a los cinco asesinatos de sacerdotes de su diócesis, como el padre Víctor Manuel Diosdado, cuya labor pastoral provocó el encono del narcotráfico que le costó la vida. "Quisieron darle una calentadita… se les pasó la mano y lo mataron".
Ante la reserva del obispo Patiño guarda respecto a este tema, negándose a pedir protección policial, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eugenio Lira Rugacía, enfatiza que la Iglesia Católica respalda plenamente sus denuncias contra los abusos, inseguridad y violencia que permea en el estado de Michoacán.
El secretario del CEM se queda corto. El Papa Francisco acaba de declarar que la Iglesia está comprometida a luchar contra las formas modernas de esclavitud como la trata de personas, la prostitución, el tráfico de órganos y el narcotráfico que afectan a millones de personas en todo el mundo. La Academia Pontificia de las Ciencias calcula que en diez años el tráfico de personas rebasará al del contrabando de drogas y armas.
Apatzingán presenta el caso más agudo del cáncer del narcotráfico. A él llega desde los cultivos locales la droga y desde la costa los precursores para los laboratorios sembrados por toda la región que producen drogas sintéticas, y que sirven de refugio de los grupos criminales.
El obispo Patiño no habla de las amenazas de que es objeto sino del acoso que mantiene a la población en un estado de pánico con el aumento de levantones, asesinatos, secuestros y extorsiones. El asunto michoacano va más allá de ser un estado fallido que menciona el jerarca, cuyas declaraciones son avaladas por el gobernador Fausto Vallejo, quien señala que esta realidad no se puede soslayar.
Desde hace más de un año la diócesis de Apatzingán lleva un registro "privado" que envía al Vaticano, donde menciona los hechos de violencia que no cesan en la región. La muerte de sacerdotes en México es distinta, si se quiere, pero igualmente fatídica que las persecución por motivos religiosos que se sufre en Asia o África. La Iglesia está informada con datos que recibe de México y de otras partes del mundo.
El Gobierno federal decidió poner al Puerto Lázaro Cárdenas bajo control militar, antes de que estalle la inevitable violencia que resulte de la lucha por ese puerto estratégico entre los grupos criminales como la Familia Michoacana, los Zetas, los Caballeros Templarios y la Nueva Generación.
Habíamos escuchado por todos los medios la acusación al gobierno de Calderón de que su guerra contra el narcotráfico ensangrentó al país. Hoy, a un año del gobierno de Peña Nieto, las estadísticas son más dramáticas que las que se dieron en la administración pasada y mientras tanto, la tan anunciada Gendarmería Nacional sigue aplazándose sine die.
Hace bien el gobierno en intentar soslayar esta realidad insistiendo en las virtudes del país para efectos de inversiones. Es inútil tratar de hacer a un lado la triste realidad de que el narcotráfico se ha apoderado de vastos territorios nacionales.
El clero, las órdenes religiosas y las organizaciones eclesiásticas son aliados en la lucha cada vez más intensa contra del crimen organizado. La acción militar podrá hacer imprescindible y ahora más que nunca urgente, pero la labor de solidaridad y de amparo que la Iglesia ofrece aún exponiéndose a toda clase de riesgos hasta mortales, es hoy más que nunca imprescindible.
