Desbordada la ira empresarial ante la catarata de nuevos gravámenes y la cancelación de regímenes de excepción ("Vamos a repensar inversiones", sentenció el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González), la Cámara de Diputados se apresuró a intentar equilibrar la balanza en el terreno del gasto
El mensaje es simple: Evitar el uso discrecional de los ingresos extraordinarios que desde el plano privado, incluida la posibilidad de más préstamos, se calculan en 523 mil millones de pesos y desde el público en 240 mil.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda la merma en el colosal banquete, sin contar lo que se recaudaría por el kafkiano tributo, a título del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, a los alimentos chatarra sería de 55 mil millones de pesos.
Desnudada la maniobra demagógica del gobierno de "vender" el paquete como reforma social hacendaria, colocando como eje a la pensión universal y el seguro de desempleo… con la novedad de que para la primera se destinará sólo 3.8% de lo recaudado y el segundo, en la fase inicial de la propuesta, lo financiarían los propios trabajadores, la gran pregunta era para qué la billetiza.
Con la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el Congreso le pone un límite al gasto corriente… para los ejercicios de 2015 y 2016.
El del año que entra se queda en blanco.
El paralelo, en la misma ruta, se elimina el fondo de Estabilización para la Infraestructura de Pemex, enviando su remanente al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. El problema es que la medida llega tarde.
Como usted sabe, durante el sexenio foxista, con excepción del año 2001, el precio promedio del barril de petróleo presupuestado por el Congreso se rebasó al infinito, propiciando un ingreso extraordinario en las finanzas públicas… que se dilapidó en gasto corriente.
Estamos hablando de 404 mil 445.3 millones de pesos, casi medio billón.
El año más rico para la causa fue 2006, con excedentes de 104 mil 919.6 millones; el menos jugoso fue 2002, con solo 8 mil 441.1 millones.
En 2001 la jugada fue al revés, es decir, se registró un déficit entre el precio previsto y el real, ocasionando una merma de 6 mil 317.8 millones al ingreso.
Naturalmente, ahora se justifica la polémica reforma energética señalando que Pemex no tiene recursos para exploraciones mar adentro. Haga de cuenta la cigarra de la fábula.
Aunque el gobierno habló en la entrega de la iniciativa de "reforma social hacendaria", el 8 de septiembre pasado, de que habría "absoluta transparencia y eficacia" en el gasto, las medidas planteadas no la garantizan.
El planteamiento apunta, por ejemplo, a un Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño, un discurso en práctica desde hace varios años, incluida la docena trágica panista, sin que haya mostrado su eficiencia para mejorar la calidad del gasto.
En paralelo, de acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas "México Evalúa", no existe en el paquete medida alguna para vigilar la transparencia de los ingresos fiscales que dé certidumbre de los mismos a los ciudadanos, gobiernos estatales y municipales y no se incluyen medidas para fortalecer los organismo fiscalizadores ya existentes.
Y aunque el gobierno plantea una "regla de balance estructural" a imagen y semejanza de la implantada en Chile en 1988 para equilibrar el gasto dependiendo de los ingresos del cobre, en nuestro país no parece haber la coyuntura.
En la nación andina la regla que permite compensar vacas gordas con flacas se aplicó luego de un año de crecimiento sólido de la economía, en que se pudieron generar ahorros para atemperar épocas difíciles.
Como usted sabe, la economía del país está en franca desaceleración, en un escenario en que el pronóstico más optimista de crecimiento para el año habla de 1.2%, y el más pesimista de 0.4.
Falló, pues, la coyuntura. Crecen los tributos. ¿Crecerá el país?
Por lo pronto, el momento de México, el augurio del ahora-sí, se derrumbó estrepitosamente.
BALANCE GENERAL
En lo que constituye un golpe a la soberbia del enigmático empresario Germán Larrea Mota Velasco, conocido como "rey del cobre", un Tribunal de Distrito de la Ciudad de México acaba de rechazar un intento de involucrar al grupo empresarial que preside en un litigio que la firma demandante lo considera personal.
Estamos hablando de la empresa de inversión inglesa Infont LCP.
El reclamo de ésta involucra al 7% del capital del Grupo Minero México, valuado en 24 mil millones de dólares.
Al reclamo de la empresa, en mayo pasado se decretó la congelación del paquete accionario.
El alegato de Infont apunta a que el empresario mexicano incumplió un contrato de comisión mercantil que le obligaba a venderle el paquete accionario de la discordia, que entonces se cotizaba en 75 millones de dólares.
Con los títulos en la mano Larrea logró apoderarse de 65 millones de valores de la serie B, que sólo se podían vender a quien tuviera determinado porcentaje.
Los papeles están valuados hoy en 2 mil millones de dólares. De acuerdo con la firma demandante, sin el porcentaje Larrea estaría en peligro de perder su mayoría en la empresa.
MEXICHEM AL INFINITO
Sin haberse aprobado aún la propuesta de reforma energética, la empresa química Mexichem, quien según ello había realizado una alianza estratégica con Pemex para integrar una cadena para producir cloruro de vinilo, ya tomó posesión de gran parte del complejo petroquímico Pajaritos de la paraestatal.
De hecho, se prepara el despido de más de la mitad de los trabajadores actuales, además de administrarse la salida y entrada de productos.
Lo inaudito del caso es que están en la fila nuevas "alianzas" con empresas privadas, así el grupo Alfa de Monterrey vía su filial Idesa, como algunas productoras de fertilizantes para crear cadenas de producción de fosfatos.
En lo que pareciera el remate del año están los complejos de Escolín, Camargo y Tula.
FRENAN A CEMEX
Pactadas una serie de operaciones entre la empresa suiza Holcim y Cementos Mexicanos para recomponer su presencia en cinco países europeos, las señales indican que la Comisión Europea frenará al menos una parte de ellas, la correspondiente en España. En este caso la firma mexicana planteaba prácticamente una fusión con la contraparte, que a juicio de los ibéricos le daría 75% del mercado.
En el acuerdo Cemex compraría los activos de Holcim en la República Checa, pero le vendería los que mantiene en Alemania, Francia y los Países Bajos. La firma de Monterrey había notificado la operación en España al gobierno local, quien rebotó la solicitud a la instancia internacional.
