Triángulo dorado. Los habitantes de la región se han visto obligados a dejar sus tierras por las intensas disputas.
Ubicada en el denominado "Triángulo Dorado" por el terreno compartido entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, la Sierra de la Tarahumara funciona como zona estratégica para operaciones de grupos criminales, sobre todo para la siembra de amapola y marihuana, así como para el trasiego de drogas.
El recrudecimiento de la violencia en la zona se debe a un combate entre miembros del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, que están inmersos en un proceso de reacomodo interno y de disputa de territorios, detalló una fuente de la Fiscalía General de Chihuahua.
"Los hechos de los últimos meses son ataques focalizados a ajustes de cuenta entre grupos criminales: por las armas utilizadas y relatos de testigos, el 90 por ciento de los casos están vinculados con la delincuencia organizada", explicó la fuente.
Los dos municipios más azotados por la violencia son Guachochi y Guadalupe y Calvo, que en el último mes registraron masacres como la ocurrida el pasado 25 de junio, en que un comando armado asesinó a cinco miembros de una familia, incluyendo una mujer anciana y dos niños.
Para José Antonio Enríquez, presidente del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, la entidad sufre de un "efecto cucaracha" producido por la disminución en los índices delictivos de Juárez y Chihuahua, otrora las demarcaciones más violentas del país, y cuyos grupos delictivos se han ido replegando hacia las zonas más desprotegidas de la sierra.
En 2010, Ciudad Juárez alcanzó su punto álgido de violencia, con una tasa de 229.06 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que Chihuahua alcanzó una tasa de 113.07 en el mismo año.
Actualmente, Juárez y Chihuahua registran tasas de homicidios de 30.5 por ciento; en comparación, Guadalupe y Calvo tiene un índice del 179.8 por ciento, y Guachochi uno de 122 por ciento.
Según datos del Observatorio, la zona norte de Chihuahua tiene una tasa de homicidios del 34.8, mientras que en la zona sur asciende a 118.1.
"El problema incide en proteger los espacios por parte del crimen organizado y controlar las rutas. El efecto de mejora en zonas urbanas comprime el espacio donde se pueden movilizar las organizaciones delictivas, y hace que se focalicen más los problemas en esos municipios, llegando a agravarse. Son casos de ajuste por todos estos cambios", afirmó Enríquez.
Además de su condición geográfica, los municipios enfrentan un abandono histórico por parte del Estado, agregó, que ha fallado en proporcionar oportunidades educativas y económicas a los habitantes de la región, compuesta en su mayoría por campesinos e indígenas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 10 de los 23 municipios de la sierra enfrentan un grado de marginación muy alto, con el 25 por ciento por ciento o más de la población en pobreza extrema.
"Se debe generar programas productivos para la sierra, no sólo para llevar la cobija y la comida, sino para generar programas autosustentables. Es importante que se llegue a esos puntos para poder atacar la raíz de los problemas, pues son comunidades muy aisladas, donde es complicado como habitante salir adelante por sí solo", apuntó Enríquez.
