Al menos seis estados del país viven ya conflictos sociales por el abasto de agua para consumo humano o uso agrícola y están en riesgo de que las disputas se tornen violentas, de acuerdo con organizaciones ambientalistas.
La Corte Internacional de Arbitraje Ambiental ha documentado disputas en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, que involucran a comunidades rurales, productores agrícolas, gobiernos estatales y empresas.
Los conflictos por el acceso y uso del agua son cada vez más recurrentes “por el choque entre los intereses económicos y los intereses sociales”, dice Ramón Ojeda Mestre, director de la Corte de Arbitraje Ambiental.
En México, donde 101 de sus 282 acuíferos más importantes están sobreexplotados, las disputas se refieren a la transferencia de agua entre regiones o a la explotación ilegal de pozos.
La disputa más reciente ocurre en Sonora, donde agricultores y grupos indígenas del Valle del Yaqui llevan casi dos meses bloqueando la carretera México-Nogales en protesta por la construcción del acueducto Independencia, que pretende llevar agua del sur del Estado a la capital, Hermosillo, que sufre escasez de agua potable.
Un conflicto similar está en ciernes en la región de la Huasteca debido al proyecto para construir un acueducto de 520 kilómetros de largo para llevar agua del río Pánuco, en Veracruz, a la zona metropolitana de Monterrey, cuyas fuentes de agua potable se han reducido.
En Chihuahua, agricultores acusan a habitantes de las regiones menonitas de retener el agua para sus comunidades, afectando a productores agrarios, y de recurrir a permisos falsos para perforar pozos en zonas protegidas por un decreto que prohibe más perforaciones en 43 de los 61 acuíferos del Estado.
Las disputas son evidencia de un rezago en infraestructura hidráulica en el país. De acuerdo con una investigación de la Universidad Veracruzana, la demanda de agua en México aumentó seis veces en la última década, el doble de la tasa de crecimiento de la población.
