En un ejercicio inédito que conjuntó esfuerzos de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, El Universal puso el dedo en la llaga de un espacio que a diario se debate entre el conflicto y la oportunidad que representa para millones de personas: la zona metropolitana del Valle de México, conformada principalmente por la capital del país y el Estado de México.
Titulado ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, el estudio analiza la calidad de vida en el Valle de México con cifras e indicadores que serán actualizados periódicamente, y reabre el debate sobre las políticas públicas que debieran aplicarse en forma coordinada en todas las zonas metropolitanas del país, donde habitan 68 millones de mexicanos que no distinguen fronteras políticas y sí, en cambio, padecen la desarticulación de acciones en muy diversos temas.
El asunto de fondo no es menor y por ello el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, expresó que esos resultados deben convertirse en un referente para la toma de decisiones públicas con visión metropolitana en el mismo seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
¿De qué estamos hablando? De trabajar en un marco regulatorio que sustente la planeación en los ámbitos local, estatal y federal desde la complejidad de lo metropolitano y con una visión global y sustentable.
Llegó la hora de que el desarrollo de las metrópolis en nuestro país y los efectos de la competitividad, las comunicaciones, la gobernabilidad, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad se traduzcan en soluciones integrales de carácter vinculatorio y de largo plazo.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el crecimiento acelerado y desordenado de la mancha urbana está directamente relacionado con una menor competitividad, entendida ésta como la capacidad de atraer y retener inversiones, mientras que el desarrollo urbano ordenado de las ciudades es vital para garantizar la provisión universal de servicios básicos a un costo adecuado.
Un ejemplo claro lo constituyen aquellas ciudades donde el parque vehicular aumenta a tasas cercanas a 10% anual, y se intentan resolver los problemas de tránsito con forzadas e inequitativas obras viales en lugar de apostar a un transporte masivo eficiente, por lo que lejos de reducir el flujo de vehículos en horas críticas, provoca aumentos significativos en la mala calidad del aire.
Por eso es de suma importancia que en materia de zonas metropolitanas establezcamos normas claras de coordinación e indicadores precisos que orienten la acción de los gobiernos y, sin duda, una de las agendas prioritarias es la sustentabilidad, relacionada con temas como verificación ambiental, inversiones ecológicas, uso de energías renovables, transporte eficiente y seguro, basura, entre otros.
El análisis de El Universal no podía ser más oportuno. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesta por el presidente Enrique Peña y aprobada por el Congreso, puso por primera vez en la responsabilidad de una secretaría de Estado la facultad de establecer políticas coordinadas que impulsen "el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios".
Recordemos que una zona metropolitana competitiva no sólo es aquella que resulta atractiva para la inversión y maximiza su productividad, sino la que garantiza que la prosperidad y bienestar lleguen a sus habitantes.
@analiliaherrera
Senadora de la República por el Estado de México
