Los falló emitidos por los jueces, se realizaron luego de que en los meses de marzo y abril, miles de maestros, que estimaron afectados sus derechos laborales, promovieron cientos de juicios de amparo. ARCHIVO
Tras analizar los amparos promovidos por miles maestros en contra de la llamada reforma educativa, dos de los tres jueces que analizan los recursos, determinaron que los amparos son improcedentes.
El juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, determinó "que el juicio es improcedente y, por lo tanto, se sobresee tomando en consideración cuatro argumentos torales".
El juez argumentó que el principio de supremacía constitucional impide al Poder Judicial de la Federación analizar una reforma al Pacto Federal, por lo que las modificaciones o adiciones que se hagan a la Constitución Federal no pueden ser combatidas por los ciudadanos mediante el juicio de amparo.
Además, indicó que existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice que los jueces no pueden revisar el procedimiento de reforma constitucional; además de que la improcedencia decretada no vulnera los principios de acceso a la justicia previstos en la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte El juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Pedro Arroyo Soto, determinó el sobreseimiento en los juicios de amparo. Dejando a salvo el derecho que tienen los trabajadores de la educación, para impugnar los actos de las autoridades, en caso de que estimen que vulneran o soslayan sus derechos laborales adquiridos.
Los falló emitidos por los jueces, se realizaron luego de que en los meses de marzo y abril, miles de maestros, que estimaron afectados sus derechos laborales, promovieron cientos de juicios de amparo que se radicaron en los Juzgados Tercero, Sexto y Séptimo del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
Los amparos fueron presentados luego de que el 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificó los artículos 3º y 73 de la Constitución Federal, lo que se conoció popularmente como la "reforma educativa".
