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CUERNAVACA, Mor.- El expediente de juicio político contra el gobernador Sergio Estrada Cajigal fue entregado oficialmente a la Comisión Instructora del Congreso local.
El presidente de la Comisión, Cecilio Xoxocotla Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que después de revisarlo notificarán al Ejecutivo estatal, para que presente sus pruebas y así enfrente los cargos de omisión y abandono de sus funciones como gobernante, que le endilgan los abogados penalistas, laborales y civiles, autores de la denuncia.
Por otra parte, el dirigente perredista Graco Ramírez Garrido Abreu sostuvo que ante el respaldo que ha dado el PAN nacional al gobernador morelense, se rompe el escenario para alcanzar un consenso partidista, y sea un panista el próximo sustituto de Estrada Cajigal.
"No creo que haya condiciones para votar en el Congreso del estado una terna propuesta por Acción Nacional (PAN), porque no tendrá calidad moral para garantizar que su candidato cumplirá con la ley", señaló.
En el Congreso del estado, la entrega del expediente sería un asunto de mero trámite en la Junta de Coordinación Política, conformada por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Convergencia.
Sin embargo, el representante panista, Javier López Sánchez, objetó el pase de los documentos, al exigir al presidente de la Comisión Instructora revisar si los legisladores de oposición cumplieron con los estatutos de la Ley Orgánica del Congreso del estado.
Luis Angel Cisneros, del PAN e integrante de la Comisión Instructora, dijo que el juicio político no podría iniciar, "porque hay vicios de origen, además de que la Ley Orgánica no señala que a través de un punto de acuerdo se pueda instruir el comienzo de un proceso de esta naturaleza".
Eso ha quedado superado, contestaron los coordinadores de oposición, y en seguida entregaron el expediente a la Comisión Instructora para su análisis.
El expediente de juicio político reúne 25 causales en los que se acusa al gobernador Sergio Estrada Cajigal de violar sistemáticamente las garantías individuales o sociales de la sociedad, abandonar y desatender de manera injustificada las funciones que les fueron encomendadas, además de violar la Constitución Política del estado con lo que causó perjuicio grave a las instituciones.
