Los resultados de la revisión de la cuenta pública del año 2011 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Juan Manuel Portal, hablan del carácter incorregible de nuestra clase gobernante, de su rapacidad e ineptitud. Pero hablan, también, de las dificultades jurídicas y políticas para sancionar las anomalías, los excesos y los delitos en que incurre el funcionariado y de la tolerancia social ante esas prácticas.
El tráfico de influencias, la asignación directa de adquisiciones o de jugosos contratos de obra pública; los pagos improcedentes o en exceso; la falta de documentación comprobatoria de los egresos; el incumplimiento de objetivos y metas, y la inadecuada planeación y programación de las obras son algunas de las irregularidades más frecuentes detectadas por la ASF.
Pero la mera corrupción no sirve para explicar el atraso en vastas regiones, el estancamiento económico y la pobreza en que vive casi la mitad de la población. Está también la ineptitud de quienes gastan sin orden ni concierto. Son innumerables los ejemplos de la manera en que nuestra clase gobernante -de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno- dilapida los recursos públicos.
Un monumento emblemático de la ineptitud y la corrupción recientes: la Estela de luz, elevó a más del doble el presupuesto asignado no sólo por el interés de algunos de los involucrados de llevarse su "mochada", también por la incompetencia de quienes toman decisiones sin tener rudimentos de administración pública o de sentido común.
En los últimos años, los gobiernos de Fox y Calderón hicieron crecer desmesuradamente la alta burocracia y sus ingresos: se multiplicaron subsecretarías y otros cargos de nivel superior y no hay indicios de que el gobierno de Peña Nieto busque rectificar, por el contrario, parece que a los recién llegados no les alcanzan esos miles de puestos para atender tanto compromiso y tanto paisano.
En estos días ocupa la atención pública el desastre financiero que heredó Granier a Núñez en Tabasco. Pero no hace mucho la atención se focalizaba en Humberto Moreira y la megadeuda de Coahuila y, antes, en los malos manejos de Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Marín (Puebla) y Fidel Herrera (Veracruz).
Se gasta a lo loco, simplemente porque allí están los recursos y los funcionarios prefieren hacer gastos inútiles en vez de devolver lo no ejercido. La cultura cínica que exhiben millones de mexicanos ("está bien que roben, pero que salpiquen") favorece la cleptocracia. Todo queda en escándalos efímeros, sin consecuencias jurídicas.
Los malos manejos no distinguen banderías políticas. Además de los mencionados priistas, las denuncias incluyen lo mismo a gobernantes de izquierda, como Amalia García o Leonel Godoy; que de derecha, como Marco Antonio Adame y Emilio González. Pese a denuncias y evidencias, hasta hoy no hay un solo gobernador en prisión por peculado (Mario Villanueva fue procesado por narcotráfico).
México podría ser, como lo proclaman algunos medios internacionales, la revelación del siglo XXI. Pero antes debe atender dos problemas graves: la prevalencia de la violencia criminal en amplios territorios del país y la ineptitud y corrupción de la clase gobernante.
Si la revisión de la cuenta pública se reduce a la revelación anual de la incompetencia, insensatez, corrupción y negligencia, sólo dará lugar a escándalos sin consecuencias jurídicas. Hay que atender el reclamo del auditor Superior de la Federación en el sentido de que, en los últimos 30 años, "las políticas de combate a la corrupción han fallado". Y esto, a pesar de que se tiene "claridad sobre sus causas": la falta de control de la gestión pública, la carencia de un verdadero servicio civil de carrera para los servidores públicos y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.
Estamos obligados a pasar del escándalo mediático al enjuiciamiento legal. Habría que enviar un mensaje claro contra la impunidad, un mensaje de que sus actos tienen consecuencias legales.
(Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario)
Twitter: @alfonsozarate
