Calla Elba ante el juez

EL SIGLO DE TORREÓN/ MÉXICO, DF.

Tras las rejas. Elba Esther Gordillo escucha la lectura de cargos en su contra en la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente.

LIDERESA DE MAESTROS SE RESERVA DERECHO A DECLARAR EN SU PRIMERA COMPARECENCIA

La lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, se reservó su derecho a declarar en la acusación por desvío de recursos y lavado de dinero que le fincó la Procuraduría General de la República (PGR).

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Gordillo hizo ayer su primera aparición desde su arresto la tarde del martes, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Reclusorio Oriente del Distrito Federal.

La dirigente magisterial permaneció en silencio mientras el secretario del juzgado leyó los cargos en su contra, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y le informó que por la naturaleza grave de estos delitos no alcanzaría libertad bajo fianza.

El juez Alejandro Caballero anunció que se amplió a 144 horas el término para dictar auto de formal prisión contra Gordillo, por lo que será hasta el lunes cuando se resuelva su situación jurídica.

Luego de su comparecencia, Gordillo regresó al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde ha pedido tener acceso a medicinas y comida especial.

Junto a Gordillo comparecieron Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, acusados de haber desviado dinero de cuentas del sindicato de maestros para pagar gastos personales de la lideresa.

Ambos no rindieron declaración. Una tercera implicada, Nora Ugarte Ramírez, fue detenida ayer, pero se encuentra hospitalizada.

Agentes de la PGR realizaron ayer cateos en varias propiedades de Gordillo para continuar con la investigación.

Según la PGR, Gordillo y los otros tres implicados desviaron alrededor de 2 mil millones de pesos, producto de las cuotas de maestros y triangularon el dinero a empresas en México y el extranjero para pagar propiedades, obras de arte, viajes, cirugías y compras en tiendas departamentales que hizo la lideresa.

Gordillo contrató como su abogado a Arturo Rangel, quien fue uno de los fiscales que investigó el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. En la administración de Felipe Calderón, fue subprocurador de Delitos Federales de la PGR.

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