El surgimiento de grupos de autodefensas o "policía comunitaria" es un hecho que era de esperarse, pero no justificable, ante la constante ola de violencia que azota en todos los rincones del país.
La gente, cansada de ser víctima de tantos delitos, se alzó en armas para defenderse ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad del Estado Mexicano.
Sin embargo, este fenómeno social advierte varios riesgos para la población en general: la violación de los derechos humanos y el combate a los delitos con más delitos, ya que estos grupos cometen privaciones ilegales de la libertad y en algunos casos, como ya ocurrió en Guerrero, asesinatos de los presuntos criminales.
Esto no debe suceder en un Estado que se precia de tener una Constitución y de salvaguardar los derechos de las personas. Simplemente es inadmisible.
El hecho que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre pretenda regularizar la operación de estos grupos, simplemente fractura el poder que el Estado tiene para ser el único en repartir justicia y da entrada a que cualquier persona intente andar en las calles haciendo lo mismo con pistola en mano.
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya advirtió de estos riesgos, sus exhortos parecen ser en vano, ya que el surgimiento de estos grupos continúa en varios estados y su regularización también.
Es importante mantener el Estado de Derecho en un país que tanto necesita de justicia, de lo contrario el país y la autoridad perderán su escencia y su función de estar y actuar, además que se corre el riesgo de una ingobernabilidad generalizada.
Esto, más que generar polémica, debe prender los "focos rojos" de los gobiernos, ya que es síntoma inequívoco que ninguno de los tres poderes son capaces de brindar seguridad a sus gobernados.
Es menester del Estado hacer valer la Constitución al pie de la letra, pero además de impedir que estos alzamientos amenacen la estabilidad del país que con tantos años y sangre costó tener.
