El próximo 23 de enero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá nuevamente el caso de Florence Cassez, la ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por su presunta participación en una banda de secuestradores. El dictamen será presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero, hoy decana de la Corte.
Si bien el dictamen no se ha dado a conocer públicamente, ha trascendido que la ministra Sánchez Cordero, quien en marzo de 2012 votó a favor de otorgar a Cassez el amparo liso y llano, ahora está proponiendo un amparo para efectos que regresaría el expediente al tribunal unitario que ratificó el fallo de culpabilidad. El amparo impediría a los magistrados del unitario considerar las pruebas obtenidas de manera ilegal o las actuaciones en que se violaron las garantías individuales. Esto aseguraría virtualmente la libertad de la inculpada, aunque no de forma inmediata.
El dictamen de Sánchez Cordero parecería retomar algunos de los argumentos que ofreció en marzo de 2012 el ministro José Ramón Cossío. Lograr el apoyo de Cossío para el nuevo dictamen sería crucial puesto que ya ella y Arturo Zaldívar se pronunciaron por el amparo liso y llano. Cossío le daría al amparo cuando menos tres de los cinco votos de la sala.
El ministro Jorge Pardo reconoció en 2012 las violaciones a las garantías individuales de Cassez, pero votó en contra del amparo. Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien también votó en contra, está ya en retiro y ha sido reemplazado en la sala penal por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el exjefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT). No sabemos cuál pueda ser su posición en este controvertido y politizado caso.
El expresidente panista Felipe Calderón públicamente se declaró convencido de la culpabilidad de Cassez, mientras que el expresidente francés Nicolás Sarkozy se manifestó igualmente convencido de su inocencia. Isabel Miranda de Wallace ha mantenido que la francesa debe permanecer en la cárcel, independientemente de las violaciones a sus garantías, porque deben respetarse las declaraciones de las víctimas. La defensa de Cassez ha sostenido que esos testimonios no sólo cambiaron sino que fueron influidos por una versión falsa de los hechos promovida por la Agencia Federal de Investigaciones.
La AFI, a cargo entonces de Genaro García Luna, posteriormente secretario de Seguridad Pública federal, hizo un montaje de la captura para la televisión. Se hizo parecer que el operativo estaba teniendo lugar en directo en una casa de seguridad en la que ella custodiaba a los secuestrados y no en la carretera en la que realmente la francesa había sido detenida un día antes.
No hay duda de que hubo violaciones a las garantías individuales de la acusada. Ésta fue detenida el 8 de diciembre; pero se le retuvo de manera ilegal, sin presentarla ante un juez, durante un día mientras se hacían los preparativos del montaje. Éste ofreció una visión de los hechos distinta a lo ocurrido realmente. Dos víctimas primero dijeron que no reconocían a Cassez, pero después cambiaron su versión para ajustarla a lo presentado en el montaje.
Aun si se respeta el peso de las declaraciones de las víctimas, hay dudas importantes sobre la responsabilidad de Cassez. Si el criterio jurídico en la sentencia es absolver en la duda (in dubio pro reo), Cassez debería quedar libre. De lo que no hay duda es que las pruebas obtenidas de manera ilegal por la AFI fueron determinantes para que se le hallara culpable.
TRES MIL AL AÑO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa alrededor de tres mil casos al año, más de 60 a la semana. Esto hace imposible que los ministros se compenetren de cada uno. Lo sensato sería que la Corte tomara sólo aquellos que tienen una real trascendencia jurídica.
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