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Secretaría del Agua, ¿para qué?

Actitudes

JOSÉ SANTIAGO HEALY

El manejo del agua se ha convertido en México en un asunto tan complejo que diversas voces, incluyendo al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, proponen la creación de una Secretaría del Agua.

Como si las dependencias y comisiones por sí solas resolvieran los problemas agudos que aquejan al país, el nuevo gobierno parece dispuesto a acceder a estas demandas y por ende a incluir una secretaría más en el pesado organigrama de la administración federal.

Por cierto, la propuesta no es ninguna novedad. México tuvo la Secretaría de Recursos Hidráulicos de 1946 a 1976 que en el gobierno de José López Portillo se transformó a Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Más tarde en 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua para absorber todos los temas relacionados con la administración del agua.

En países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia existen secretarías o ministerios del agua mientras que en otros se maneja a través de subsecretarías o dependencias descentralizadas.

En el año 2005, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, promovió la creación de la Secretaría del Agua y Obra Pública en el estado de México.

No parece entonces remoto que al llegar al poder, el presidente entrante proponga esta secretaría para fusionar a la Comisión Nacional del Agua con sus doce mil empleados y su presupuesto de 18,900 millones de pesos, mayor al de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

José Luis Luege Tamargo, titular de Conagua, dijo recientemente que se requiere una secretaría de ordenamiento territorial y no del agua. "El 99 por ciento de los desastres relacionados con el recurso se debe a la mala planeación de los asentamientos humanos", consideró al advertir sobre el costo que significará elevar a secretaría a una comisión mucho más versátil.

El excandidato presidencial Gabriel Quadri afirmó que "el drama no se salda con la creación de una Secretaría del Agua; sólo así sería una fuga cosmética". Enfatiza que la solución es aplicar las actuales leyes, crear nuevos reglamentos y mejorar la operación de los organismos locales.

Sea comisión, subsecretaría o secretaría lo cierto es que las autoridades de los tres niveles de gobierno necesitan desarrollar nuevas estrategias para optimizar el uso del agua en todo el país.

En regiones como Guanajuato, Sonora y La Laguna los mantos están sobreexplotados mientras que en la mayoría de las grandes ciudades el agua se desperdicia y contamina de forma alarmante.

En las zonas agrícolas del país se consume y se malgasta buena parte del 75 por ciento del agua, en detrimento de poblaciones que están destinadas a desaparecer por la carestía de líquido.

Hay además conflictos frecuentes que no son resueltos adecuadamente. En el centro y sur del país infinidad de ríos y lagos se van secando paulatinamente por la ausencia de planes y normas que regulen la explotación de los acuíferos.

Está el caso del acueducto Independencia que pronto entrará en operación para saciar la sed de los habitantes de Hermosillo y que levantó airadas protestas de agricultores del Valle del Yaqui.

También a nivel internacional existen conflictos. Esta semana se firmó en San Diego, California, un pacto de cinco años entre México y Estados Unidos para regular las aguas del Río Colorado y recuperar sus flujos hacia el delta mexicano, cuya sequía afecta la sobrevivencia de especies marinas y de la fauna silvestre.

El acuerdo incluye planes para rehabilitar el sistema de irrigación del Valle de Mexicali que se dañó en el sismo de 2010, pero preocupa que este pacto, inmerso en el Tratado de Aguas de 1944, se formalice en lo oscurito, es decir sin ser discutido y evaluado por las comunidades fronterizas que se benefician del Río Colorado.

El tema del agua es prioritario y de enorme trascendencia para los mexicanos. No importa si se maneja como secretaría o comisión, lo realmente trascendente será crear políticas, leyes y ordenanzas que regulen con mayor rigor el uso y consumo de los recursos hidráulicos.

A estas alturas desperdiciar, contaminar y explotar indebidamente el agua debe ser visto como un crimen atroz y por lo mismo debe castigarse severamente en todos los ámbitos y circunstancias.

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