Aseguran los que saben de la política oaxaqueña que el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, traía la urgencia desde hace tiempo de hablar con el gobernador Gabino Cué. Puso a trabajar en el eventual encuentro a uno de sus principales operadores políticos, el padre Wilfrido Mayrén, quien buscó el contacto a través de Arturo Peimbert Calvo, asesor del gobernador antes de que le diera la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Las gestiones prosperaron y se fijó un encuentro que tuvo lugar no hace muchos sábados en las oficinas que el jerarca católico tiene en la iglesia del Carmen Alto de la capital oaxaqueña.
Las razones de la reunión y de la manera poco ortodoxa con que fue negociada, las conoció el gobernador hasta que estuvo frente al arzobispo. Y no se trataba de favores ni apapachos, más bien de recriminaciones.
El arzobispo de la antigua Antequera había acordado con su operador, el padre Mayrén, que él sería quien le recriminara con firmeza a Cué que la Iglesia estaba preocupada y, sobre todo, cansada, de ser el dique de la desesperanza y enojo popular ante la ineptitud e incapacidad de los funcionarios del gobierno para satisfacer sus necesidades más urgentes. Le dejaría al arzobispo el papel de mediador que implícitamente le tansmitiría presión.
Pero cuentan que al arzobispo Chávez Botello le ganó el pecado de la ira y se le fue a Cué directamente a la yugular. Lo menos que le dijo, furioso y desdibujado, fue que el "gobierno del cambio" que supuestamente encabezaba, había resultado un fiasco, que la Iglesia católica no ocultaba su malestar ante la ausencia de resultados en el combate a la pobreza y los rezagos sociales, y que no era posible que hubiera tantas marchas, plantones y bloqueos sin que se hiciera algo por satisfacer la demanda de quienes los promueven, ni para evitar el daño que eso causa a otros sectores de la sociedad.
Cué escuchó los reclamos y le dijo al arzobispo que tratara el asunto con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, a lo que Chávez replicó, no sin ironía: "... Lo hemos hecho, incluso en encuentros en los que usted ha estado presente, pero sepa que apenas usted se va, el secretario de Gobierno habla muy mal de usted".
Cuentan que Cué salió echando pestes de la Iglesia y de los curas; y que Peimbert Calvo no sabía dónde meter la cabeza. Ambos se fueron a un evento con el empresario Alfredo Harp Helú. Y ahí... parece que se le pasó el coraje.
Esta versión fue corroborada y publicada el domingo pasado en la columna Tequio y Política del semanario El Correo de Oaxaca. Y le cuento el episodio no sólo para evidenciar, una vez más, la intromisión de los representantes del poder de Dios en asuntos de los del poder del César, sino para poner un ejemplo más -como le comentaba en la entrega pasada sobre la situación de Michoacán- de que el país no está sereno y que los diques que contienen la inconformidad social están por ser rebasados.
INSTANTÁNEA
1. NO PUDIERON. El 21 de agosto de 2008 se firmó en el Palacio Nacional el llamado Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Ahí, desde el dolor que le dejó el secuestro y asesinato de uno de sus hijos ocurrido dos meses antes, Alejandro Martí encaró a Felipe Calderón, al gabinete de seguridad y a los 31 gobernadores. Les dijo: "Si no pueden, renuncien, pero no sigamos usando las oficinas de gobierno ni sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada porque también eso es corrupción". Sacudidos por la recriminación se acordaron compromisos y se pusieron plazos para mejorar la seguridad. Ésta, al cabo de cuatro años, no ha mejorado, y los entonces regañados ni han podido, ni han renunciado. Martí siguió su lucha a través de la fundación México SOS (Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana), que se sumó a otras organizaciones civiles preocupadas por la inseguridad como Causa Común, hoy presidida por María Elena Morera, una mujer a cuyo esposo secuestraron y cercenaron los dedos para presionar el pago de su rescate. Morera, el lunes pasado, documentó que el acuerdo nacional por la seguridad ha sido un estrepitoso fracaso. ¿En qué fundamentó tan severa resolución? En estadísticas sobre el secuestro, una de las razones centrales por las que se firmó el acuerdo. Según las cifras de Causa Común, el secuestro aumentó 48% de 2008 a 2011 al pasar de 907 a mil 344. Pero esta espiral también se nota en los homicidios dolosos cometidos en ese mismo período: 13 mil 155 en 2008 y 22 mil 480 en 2011, esto es, un aumento de 70%. Por eso no le falta razón a la presidenta de Causa Común cuando asegura que los gobernantes que firmaron ese acuerdo le apostaron al olvido de la gente. Craso error porque la gente no olvida cuando sobreviven las razones que la lastiman.
@RaulRodriguezC
