Si reiteradamente el presidente Felipe Calderón advirtió que no iba a permanecer de brazos cruzados ante el crimen mientras no se le presentara una estrategia distinta a la suya, hoy su administración en la materia aparece con los brazos caídos.
El destino previsto por la estrategia que defendió como un cruzado -vaya paradoja- brota con más espinas que flores. Un día sí y otro también algún suceso revela el tamaño del fracaso sembrado con esmero, sordo a la crítica que desde el primer momento advirtió su peligro.
El otoño del calderonismo reserva una última paradoja, en vez de acortar, alarga los días.
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Los últimos 100 días de la actual administración comenzaron a contar a partir del 22 de agosto y, hasta ahora, transcurridos los primeros 50, el paisaje es desolador.
El 24 de agosto la emboscada tendida por elementos de la Policía Federal, en la carretera federal de Cuernavaca, a los agentes estadounidenses que colaboraban con la Marina perfiló un problema cuya dimensión aun hoy es desconocida. A la evidencia de que en la Policía Federal -la fuerza del orden que enorgullece al presidente de la República- habitan traidores y enemigos, se sumó un asunto aún más delicado: la existencia de acuerdos entre la Marina y el gobierno de Estados Unidos que, por lo visto, no pasaron por el Senado y de los cuales el Ejecutivo, lejos de rendir cuentas, los ha clasificado con información reservada.
¿Qué compromisos se entablaron con las agencias de Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en Tres Marías?
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Recientemente, el periodista Jorge Ramos y su equipo pusieron en evidencia el empleo de armas del operativo estadounidense Rápido y Furioso en tragedias que cimbraron al país. A esa revelación se sumó otra, de dicho operativo tuvo conocimiento la autoridad mexicana y, aun hoy, el Ejecutivo y su equipo resisten explicar cómo fue que se aceptó esa operación donde como conejillos de Indias, desconocidos o víctimas seleccionadas al azar, quedarían quienes recibieran los proyectiles de esas armas que se dejaron "caminar".
¿Nadie es responsable por haber autorizado ese letal experimento? ¿Quién responde por las vidas segadas por ese ejercicio?
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El 30 de septiembre, fue subido a la red un video donde elementos criminales de "La Familia Michoacana" comprometen al alcalde de Teloloapan, Guerrero, Ignacio de Jesús Valladares, a colocar en la Dirección de Seguridad del municipio a alguien que no interfiera con sus actividades.
Venadeado por la luz que alumbra la videograbación del compromiso, el munícipe no duda en declarar ante la cámara: "... tengo que hacer el compromiso con ustedes y con toda la ciudadanía de poner un director de Seguridad Pública, a una persona ajena a intereses de otras personas, que sea neutral y se dedique a trabajar, al igual que yo lo pienso hacer, en beneficio de la ciudadanía". Nomás faltó que, como señaló un colega, que los criminales -además de videograbar el hecho- se hicieran acompañar de un notario público para certificar el compromiso.
En las redes y en los medios de comunicación se dio cuenta del insólito acontecimiento y, al menos hasta ahora de manera pública, se desconoce si la autoridad estatal y federal emprendieron acción alguna, clara y contundente, para establecer claramente la prevalencia del Estado por encima del dominio criminal. ¿Qué se espera? ¿Que ocurra algo para, después de lamentarlo, reaccionar?
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El primero de octubre pasado, la procuradora Marisela Morales ofreció disculpas públicas a nombre del Estado a la señora Guadalupe Olvera por la desaparición forzada de su hijo, Jesús Ángel, ocurrida hace 10 años.
Obligada la disculpa, el discurso de la funcionaria tuvo la humildad y la dignidad que reivindican tanto al Estado como a su víctima y, sin poder reparar el daño en su dimensión, replantea la relación de los gobernantes con los gobernados. Sin embargo, cuando se advierte que la desaparición de Jesús Ángel fue ejecutada por elementos de lo que fue la Agencia Federal de Investigaciones, aflora una terrible interrogante: ¿cómo es que el entonces director de esa Agencia, Genaro García Luna, prevalece como secretario de Seguridad Pública?
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Unos cuantos días después tuvo registro la ejecución de Eduardo, el hijo del ex gobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, enmarcada por los indicios en un cuadro de venganza, la puesta en práctica del ojo por ojo, diente por diente acompañada de un mensaje no escrito: nadie es intocable.
El lamentable y trágico suceso puso en evidencia tres hechos terribles: entre las víctimas inocentes del combate al crimen también hay clases, las policías mantienen la divisa de servir y proteger al crimen, pero no necesariamente a la ciudadanía, y las posturas de la clase política ante ese combate han llegado a sus propias familias. La atención y la reacción frente al terrible suceso exhibieron que hay víctimas detrás de las cuales se pone el Estado, y hay víctimas que no valen la pena.
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El desenlace de aquella tragedia perdió presencia en los medios porque, apenas la noche del lunes, con duda, la Marina informó contar con "fuertes indicios" de haber abatido a un capo: Heriberto Lazcano.
La Marina Armada hablaba de esos "fuertes indicios" porque el cuerpo del criminal fue recuperado por un grupo armado, de la funeraria donde fue dejado. El abatimiento de El Lazca fue, dicho por Gobernación, algo fortuito y expuso una terrible realidad: las Fuerzas Armadas y del orden público liquidan a personas sin saber, a veces, de quién se trata. Si, en vez del comando, algún familiar del criminal hubiera reclamado el cuerpo por los conductos formales, probablemente el gobierno, hoy, no sabría que a Heriberto Lazcano ya podría incluirlo en los spots donde se vanagloria de haber detenido o abatido a uno de los criminales más buscados.
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Un listado mucho mayor al reseñado se podría elaborar. Combates que, como el de Luvianos, Estado de México, quedan en la penumbra de la duda. Fugas de reos por las puertas de los penales. Secuestros, como el de la directora del penal de Cieneguillas, Fabiola Quiroz, por resistir demandas del crimen y de los cuales el Estado se desinteresa. Capturas de líderes criminales que dejan por herencia el surgimiento de bandas violentas en extremo.
La administración que no permanecería de brazos cruzados frente al crimen hoy aparece desconcertada y con los brazos caídos y, al menos, la mitad de sus últimos 100 días resultan largos en extremo.
