Los penales de Coahuila, entre los peores del país

El control de los penales de Coahuila está en manos de los reclusos y ante la falta de gobernabilidad y de readaptación de los internos, el estado ocupa en quinto lugar entre las 10 entidades peor evaluadas en su sistema penitenciario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó los 100 penales con mayor población en el país para elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, y en él Coahuila tiene una calificación de 5.21 en una escala de 0 a 10.

 'AUTOGOBIERNO'

A la calificación reprobatoria se suma que seis de cada 10 centros del país está en manos de los internos; son ellos quienes tienen las llaves de las celdas, quienes controlan la proliferación de sustancias prohibidas, la prostitución o la asignación de sitios para dormir. La CNDH ha definido esta situación como "autogobierno".

Los penales mexicanos no están cumpliendo con su función y en ellos hay una crisis delicada, según señaló ayer el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, en la presentación del Diagnóstico.

El penal de Piedras Negras, donde hace una semana se fugaron más de 130 internos, es uno de los que más preocupación genera para la CNDH por "la ingobernabilidad prevaleciente y la carencia de condiciones de seguridad". Las autoridades responsables manifestaron al personal de la Comisión la imposibilidad de garantizar la integridad del personal que efectuó la visita al centro el año pasado, según expuso el tercer visitador de la Comisión, Guillermo Andrés Aguirre.

En octubre de 2011, agregó el visitador, el personal dio cuenta de dos construcciones al interior del penal. Una al centro y otra al interior de una celda a la que no pudieron ingresar porque los internos tienen las llaves en su poder. Pese a haber visto esas construcciones, el personal de la CNDH descartó haberse percatado de la construcción del túnel que los internos usaban para entrar y salir del penal, y el cual se dio a conocer tras la fuga.

"Pudimos darnos cuenta que había autogobierno toda vez que era una sola persona interna la que mandaba. Es relevante decir que de 737 internos, sólo había 15 custodios. Evidentemente eso hace imposible el control de los mismos", relató el visitador. Las normas de seguridad recomiendan que haya un custodio por cada 10 reclusos.

A esta irregularidad en el penal de Piedras Negras se suma el hecho de que, en un principio, fue construido para internar a personas cuya rehabilitación fuera ya cercana, y no para miembros del crimen organizado o personas de alta peligrosidad.

En la toma de control de los penales por los internos influye la sobrepoblación. Los centros trabajan al 125% de su capacidad según el diagnóstico, pues de 189 mil 397 espacios en los centros, la población carcelaria es de 238 mil 269 reos.

Con el número de internos también han crecido las necesidades básicas, y las autoridades han sido incapaces de solventarlas.

"Se fueron generando situaciones que comenzaron con la tiendita donde se ofrecían productos de consumo personal y que hoy encontramos, venden alcohol. Igualmente logramos detectar el olor a mariguana", añadió el presidente de la Comisión.

El 'autogobierno', sin embargo, no se observa sólo en el comercio de alcohol y drogas, sino en el cobro para la protección personal o la violación a derechos elementales como el acceso a alimentos, servicios médicos, o simplemente, a salvaguardar la vida de los internos.

 FALLECEN REOS

De 2010 a la fecha, la CNDH ha detectado la muerte de 352 reos en 75 riñas y el fallecimiento de otros dos en igual número de motines. Además, se han fugado 521 internos en 14 hechos.

El autogobierno, afirmó el presidente de la Comisión, nace mediante las amenazas de los custodios, pero también por la corrupción en la que participan los responsables de vigilar los centros.

"Cuando uno logra encontrar que hay bebidas, armas, drogas, es evidente que esto se introduce por la corrupción del personal de custodia".

Para prevenir y atender estas situaciones, la mayoría de los penales, según el presidente de la CNDH, las autoridades carecen de procedimientos. Tampoco cuentan con un registro de las supervisiones hechas para verificar el funcionamiento de los centros.

Si bien existen manuales para tratar procesos de ingreso o traslado de internos, enfrentar casos de motines y otras medidas para salvaguardar la disciplina en el penal, el diagnóstico revela que las autoridades son omisas en su implementación.

"El estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se encuentra en prisión", afirmó Plascencia Villanueva.

Para evaluar a los estados, la CNDH entrevistó a los responsables del penal, aplicó ocho cuestionarios al 10 por ciento de la población de cada centro, y recorrió los penales para observar las condiciones generales, entrevistar al personal técnico, médico y de seguridad.

"Con las condiciones actuales de los centros de reinserción, no habrá política de seguridad pública que dé resultados", concluyó Plascencia Villanueva. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario y funcional que cumpla con su propósito principal, que es la reinserción del sentenciado".

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