Hace 40 años se funda en 1973 la Nueva Jerusalén una comunidad "protegida por la Divinidad". La crea un sacerdote, Nabor Cárdenas Mejorada, que con el tiempo se autodenomina obispo, conocido luego, como "Papá Nabor", para efectos de ir, fuera de toda legalidad de su iglesia, la Católica, ordenando a su vez a otros sacerdotes. Naturalmente Papá Nabor es excomulgado.
Lo anterior es el origen de las irregularidades que suceden en dicho pueblo que se encuentra dentro del Municipio de Turicato, Michoacán. Los padres de familia se niegan a mandar a sus hijos a asistir a la escuela donde habría de utilizarse el libro oficial de primaria. La razón es que la comunidad no acepta tal enseñanza que no se ajusta a las doctrinas cosmogónicas y religiosas profesadas por el sacerdote, también obispo, heredero, del sacerdote fundador que se autoconvirtió en el jerarca de la iglesia cismática.
Tan firme es la posición de los habitantes de la Nueva Jerusalén, que se oponen a mandar a sus hijos a otros planteles en poblados cercanos. Meses antes, los propios rebeldes se dedicaron a destruir metódicamente la escuela oficial instalada por la SEP. Ahora hay que reconstruir la escuela, lo que de acuerdo con las noticias de esta semana, tardará al menos quince días más.
La negativa persiste al grado de que los padres de familia no admiten mandar a sus hijos a un poblado vecino, a escaso kilómetro de distancia. El que se resista a que los hijos, aproximadamente 270, a ser educados conforme al libro de texto oficial podría justificarse si los padres de familia quisiesen dar en sus propias casas la educación conforme a su propio currículum.
Habría, desde luego, la obligación de acudir en su momento a la autoridad educativa responsable, la SEP, a convalidar la enseñanza impartida en casa conforme a los planes de estudio que rigen para todos los educandos de la República. Es evidente que el Estado tiene un legítimo interés en que la educación de todos los ciudadanos refleje una cultura sociopolítica común.
El asunto de la Nueva Jerusalén, podría parecer meramente lo local. Es, sin embargo trascendente tanto bajo la óptica histórica de un país como el nuestro con el dramático antecedente de la Guerra Cristera que se desató en la primera mitad del siglo pasado en el curso de la cual perdieron sus vidas miles de ciudadanos que defendieron su fe, como por razón de la urgencia que tiene nuestro país de elevar, lo más rápidamente como posible el nivel educativo de las zonas rurales para emparejarlo con los de las regiones más avanzadas del país.
La necesidad de que las autoridades federales y estatales respalden con los medios que sean necesarios el derecho de toda la niñez mexicana a una educación tan apta como posible a fin de incorporarlos plenamente a una convivencia pacífica y solidaria que el Estado tiene por misión ofrecer a todo el que viva dentro de su territorio.
En vista de lo anterior, la SEP debe ejercer sus funciones para asegurar, en primer lugar el acceso a los planteles de la Nueva Jerusalén para los niños que deban asistir a ellos y, en segundo lugar a registrar para los efectos legales que corresponden a los que priven o de cualquiera manera impidan el acceso de un niño a recibir la educación prevista por la Constitución en vigor. Hay seria responsabilidad también el impedir el acceso al plantel de los maestros a los que se han encomendado las clases obstaculizadas.
En un ambiente donde se ha vuelto costumbre en muchas áreas de nuestra comunidad nacional el violar la ley sistemáticamente, surge ahora la de violar el elemental derecho humano a la educación.
El aspecto de orden canónico que corresponde a las autoridades eclesiásticas mexicanas aplicar al sacerdote Martín de Tours, sucesor de "Papá Nabor" es cuestión aparte. Ya bastante desorientación hay en nuestro país en materia de enseñanza religiosa como para entender que las distorsiones dogmáticas propaladas por los sacerdotes forman parte de ella.
El caso de la Nueva Jerusalén es una muestra más de la urgencia que hay de que las autoridades civiles y religiosas ofrezcan a nuestra niñez y a la población adulta, modelos claros y confiables que rijan nuestra convivencia para que, juntos y en concordia, avancemos hacia un progreso justo y democrático.
