Anteayer renunció el procurador de Justicia de Chihuahua, Jesús José Solís Silva. Impugnado desde su nombramiento, en enero de 2002, su dimisión comenzó a gestarse exactamente dos años después, cuando se evidenció la participación de agentes de la policía judicial, corporación que se halla bajo su mando, como sicarios del narcotráfico. En los días previos a su despido, sin embargo, una denuncia de los partidos opositores y un informe periodístico procedente de Washington precipitaron su caída.
Es inexplicable. O al contrario, suficientemente explicable, que una persona con los antecedentes de Solís Silva llegara y se mantuviera al frente de la procuración de Justicia de una entidad marcada por la criminalidad. Ha adquirido rango de fenómeno social digno de atención el feminicidio de Ciudad Juárez. Y si bien los asesinatos de que se compone ese fenómeno son muy graves por la violencia de género que implican, desde la perspectiva de la inseguridad pública en general son una parte de un paisaje más amplio y estremecedor, en el que predomina la capacidad letal del narcopoder.
Un remoto antecedente de Solís Silva hubiera debido impedirle ocupar ningún cargo relacionado con la policía y la procuración de Justicia. En noviembre de 1984, debido a investigaciones de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, fue descubierto un enorme plantío de marihuana en el rancho El Búfalo. La clausura de las intensas actividades del enorme predio (más de ochenta hectáreas) y la posterior captura de sus propietarios (Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero) fue posible gracias a la diligencia del agente Enrique Camarena, que por esos trabajos fue ejecutado por el narco. Solís Silva ya no era agente de la Policía judicial estatal en noviembre de 84, pero lo había sido hasta el año anterior. Y las operaciones del rancho (en cuyas cercanías había trabajado Solís Silva), sus sembradíos, su capacidad de almacenamiento, no se levantaron de la noche a la mañana. De modo que es válido señalar al ahora ex procurador como agente judicial poco atento a su entorno, a pesar de que se apartara de la PJE en 1983.
Pero aun admitiendo que fue un funcionario probo hasta asumir la Procuraduría de Justicia del estado (lo que es ya mucho aceptar), los dos años de su gestión resultan inexplicables salvo porque se le hubiera designado para cualquier otro propósito menos para hacer justicia. Es verdad que las muertas de Ciudad Juárez comenzaron a aparecer en los alrededores de esa ciudad mucho antes del nombramiento de Solís Silva. Pero durante su gestión no se produjo un cambio cualitativo en el abordamiento del problema y sí, en cambio, se evidenció la obstrucción a los tímidos intentos federales por participar en la atención a la multitud de casos que hubieran podido ser atraídos por las oficinas federales respectivas.
Fue en cambio velocísimo el auge del narcotráfico en los años recientes. Lo evidencia la suma de ejecuciones ocurridas en aquella población fronteriza y en otros puntos de Chihuahua. Las víctimas fueron “levantadas” es decir secuestradas antes de llevarlas al matadero. Fue muy grave la inacción policíaca y judicial frente a la multiplicación de asesinatos de este género. Pero el asunto llegó a su culminación cuando los agentes de la PJE, la misma corporación a que había servido Solís Silva, no sólo eran incapaces de frenar la ola de muertes sino que participaron de ella. Por lo menos doce personas fueron ultimadas y enterradas clandestinamente en casas de seguridad del narcotráfico.
La Procuraduría General de la República logró la detención de 17 agentes, pero no la de sus cuatro jefes. El comandante Miguel Ángel Loya Gallegos y sus segundos Álvaro Valdés, Erick Cano y Abelardo Torres pudieron escapar, lo que no pasó inadvertido para las autoridades norteamericanas. Esa atención se manifestó que el procurador estatal quedó en la mira de la policía federal norteamericana: “Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, que el FBI elaboró un expediente sobre Solís Silva y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. También señalaron que la misma agencia permitió a las autoridades mexicanas revisar su documento a fin de que enriquezca sus líneas de investigación”.
Por otra parte, era claro que la procuración de justicia en general y en particular la conducta de Solís Silva iba a ser un tema recurrente de campaña, en este año en que se renueva el Poder Ejecutivo en Chihuahua. Pero un mensaje conjunto de los partidos que postulan a Javier Corral (Acción Nacional, el PRD y Convergencia), en demanda del cese de Solís Silva fue el elemento que faltaba para que el gobernador Martínez tomara la decisión de desembarazarse del peso muerto que significa llevar a rastras a un procurador con esas características.
La prensa local, que en muchos temas es adicta a las líneas gubernamentales, ha reprobado de modo unánime a Solís Silva. El Diario de Chihuahua, por ejemplo, no vaciló en pedir editorialmente la destitución del procurador: “Al menos por vergüenza y ética profesional, el fiscal del estado debe dejar su cargo y disponerse a que la Procuraduría General de la República emprenda una investigación a fondo hacia el interior de la corporación estatal”, propuso ese periódico el tres de febrero. La sustitución del procurador por su segundo no permite alentar esperanza de que algo como eso ocurra.
