La Organización de Estados Americanos (OEA) reúne mañana a su Consejo Permanente para estudiar medidas ante la crisis política en Paraguay, en su tercer intento de llegar a un consenso que hasta ahora se ha mostrado esquivo.
Los representantes de los Estados miembros se darán cita en la sede del organismo en Washington a partir de las 10:00 hora local (14:00 GMT) del martes, para su tercera sesión extraordinaria en menos de tres semanas sobre la situación provocada por la destitución de Fernando Lugo el pasado 22 de junio de la Presidencia de Paraguay.
El informe de la misión liderada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que cerró el pasado día 3 una visita de dos días a Paraguay, servirá como base para que los embajadores estudien los antecedentes en el país y barajen una reacción común al nuevo Gobierno de Federico Franco, que reemplazó en la Presidencia a Lugo.
El abanico de posibles medidas va desde un estudio del proceso en el "juicio político" que acabó con la Presidencia de Lugo y una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo Ejecutivo de Franco hasta la posible expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
Esa última opción, defendida por los representantes de Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela en la sesión del pasado 26 de junio, requeriría, sin embargo, la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria para que los cancilleres del continente examinen la crisis.
A su vez, esa convocatoria exigiría reconocer que hubo "ruptura de la democracia" o "problemas de derechos humanos", dos determinaciones que deberán basarse en el informe de la misión especial liderada por Insulza.
Ese proceso, previsto en la Carta Democrática de la OEA, es el que esgrimieron los representantes de unos 20 países del hemisferio para respaldar el envío de una misión a Paraguay en la pasada sesión extraordinaria, a propuesta de Honduras.
La prudencia de los embajadores ante la OEA, que salvo en unas pocas excepciones evitaron hablar en términos de "quiebre democrático", contrasta con la contundencia demostrada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercosur, que una semana después del proceso suspendieron a Paraguay de sus organismos.
Para Santiago Canton, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, ese retraso en la acción en Washington ha permitido que un organismo subregional como la Unasur "arrebate un espacio que históricamente tenía la OEA", según dijo a periodistas el pasado martes.
La falta de determinación del organismo ha alentado al Gobierno de facto de Franco, cuyo canciller, José Félix Fernández Estigarribia, ha expresado públicamente que deposita su "esperanza" de comprensión internacional en la OEA y la Unión Europea (UE), que enviará una misión al país este mes.
Por su parte, Lugo expresó hoy sus dudas de que la sesión extraordinaria del martes permita llegar a una "visión unificada" en la OEA, por lo que será difícil que "se llegue a un consenso para hacer un comunicado oficial" sobre el proceso de destitución, según dijo en declaraciones a Radio Nacional.
Durante su visita a Paraguay, Insulza se reunió con Lugo y Franco, con representantes de todos los partidos políticos, de los poderes judicial y legislativo, de la Iglesia católica, del campesinado, el empresariado y los gremios productivos, además de con líderes indígenas y propietarios de medios de comunicación.
Al término de la misión, el titular de la OEA dijo haber encontrado en Paraguay "mucha disposición a mirar hacia el futuro, a seguir construyendo este país", para lo que es "necesario un diálogo y un entendimiento".
