A contrapelo de la posición original que ubicaba a la empresa hotelera española Med Atlántica como un simple socio con opción de sinergias en el rescate de Mexicana de Aviación, ahora resulta que ésta será la dueña absoluta de la compañía aérea.
Las acciones de la empresa serán colocadas en un fideicomiso neutro en afán de eludir la prohibición de ley que impide al capital extranjero mantener más allá de 25% de participación en firmas de aviación.
Bajo la nueva perspectiva se excluye a los tres accionistas mexicanos que participarían en la reactivación de los vuelos de la compañía, es decir, José Miguel Orozco Ortiz, Margarita Del Villar Alrich y Alberto Madero López, quienes, con excepción del primero, no estaban vinculados a la actividad.
En paralelo, se extingue el fideicomiso 1303/2011, fincado en Banca Mifel, vía del cuál éstos habían colocado aportaciones de capital.
Adicionalmente, se separa de la sociedad a la financiera Fides Gestión Financiera, con sede en Monterrey, quien según ello aportaría mil 300 millones de dólares a la causa.
La idea, en principio, era reclutar un grupo de inversionistas nacionales con opción de diversificar y aún pulverizar el capital hasta alcanzar el porcentaje reclamado por la Ley de Inversiones Extranjeras.
El problema es que apenas surgía un nombre, éste era balconeado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que lo colocaba en posición difícil dado lo riesgoso de la operación.
Mexicana arrastra deudas por 11 mil millones de pesos.
En la caravana de obstáculos, se colocó en entredicho la capacidad del administrador y conciliador de la firma mercantil, Gerardo Badín, planteando abiertamente los principales acreedores, es decir, el Banco Mercantil del Norte (Banorte), el Banco Nacional de Comercio Exterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el aeropuerto capitalino, su destitución.
Más allá, cada uno de ellos, por separado, presentó quejas ante el Consejo de la Judicatura contra el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, acusándolo de parcial a la causa de los trabajadores.
En paralelo, existen denuncias contra éste ante el Instituto de Concursos Mercantiles por rebasar los plazos de ley para aprobar un convenio de reestructura de la deuda de una empresa o declararla en quiebra.
Desde otro ángulo, todo indica que la posibilidad de que Mexicana de Aviación recupere sus rutas y sus espacios de despegue y aterrizaje tendría que ventilarse en los tribunales, es decir, en pleito frontal contra Aeroméxico, Interjet y Volaris, es decir Banamex, Miguel Alemán Velasco y Pedro Aspe.
El escenario, pues, atentaba contra la confianza de cualquier inversionista nacional, aún el más arrojado.
Bajo ese prisma, Med Atlántica Europa SL está asumiendo sola el paquete, instituyéndose un nuevo fideicomiso en donde se depositará el capital para cobijar el rescate.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el monto mínimo para éste es de 250 millones de dólares.
Aparentemente la firma española depositó al menos dos tantos más.
La apuesta es que con un interlocutor sólido en la mesa se puedan volver a sentar los acreedores para aprobar, finalmente, un plan de reestructura de la deuda acorde con el que ya aceptaron los proveedores de la firma.
Naturalmente, estamos hablando del último tren.
Si el volado no lo gana Med Atlántica, no habrá nadie más que quiera lanzarlo.
BALANCE GENERAL
Planteado por las empresas SuKarne y Viz Cattle Corporation de Jesús Vizcarra, un recurso de reconsideración contra el absurdo que representa el que la Secretaría de Economía haya concluido que existe un margen de dumping o precio inferior al de su mercado de origen de las importaciones de pollo procedentes de Estados Unidos, pero sin imponer la cuota compensatoria correspondiente, éste fue rechazado por la dependencia.
La exposición de motivos habla de que la resolución es preliminar, es decir, no es aún el punto final del procedimiento iniciado a petición de la firma Bachoco, por lo que no procede su impugnación o su revocación.
CANDIL DE LA CALLE
Esgrimiendo como una de sus ofertas de campaña la modificación de las reglas del Plan de Reordenamiento de la Publicidad Exterior del gobierno capitalino, la candidata panista a la jefatura de gobierno, Isabel Miranda de Wallace, se convierte en juez y parte.
Se diría, pues, que trata de encauzar sus proyectos hacia sus propios intereses.
La aspirante es dueña de la empresa Show Case, una de las principales alquiladoras de espacios para los llamados “espectaculares”. Detrás de su intención de modificar las reglas está su propio incumplimiento. La firma es la única que no ha retirado voluntariamente estructuras irregulares, manteniéndolas bajo la protección de amparos.
Estamos hablando de anuncios en azoteas adosados, sobredimensionados e invadiendo la vía pública.
El caso más nítido es el espectacular colocado en la esquina de Periférico Sur y Renato Leduc, cuya estructura está dentro de un colegio.
La candidata, a decir de sus colegas, llevó a sus empleados a protestar contra el abanderado del Movimiento Progresista, Miguel Ángel Mancera, a las instalaciones de Canacintra, tras un acto de éste.
EXCESO DE IGNORANCIA
En su afán de mantener la chamba, el director de Comunicación Social de la Secretaría de Economía, Ricardo Martín Rojo, tuerce dolosamente los términos de lo publicado en este espacio en relación con las denuncias que se han presentado ante la Contraloría Interna contra el director general de Normas de la dependencia, Christian Turégano Roldán.
Una de ellas habla de que el funcionario, en contradicción a sus obligaciones, alertó en lugar de sancionar a las empresas Nestlé y Costco, quienes estaban infringiendo una norma al comercializar como leche una fórmula láctea.
Se protegió, pues, a las compañías, una productora, otra comercializadora, en lugar del consumidor.
Pitazo a los poderosos.
La otra habla de que el funcionario permitió el voto de funcionarios sin derecho en la aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización.
Las denuncias se presentaron desde hace varios meses.
Curioso que un supuesto comunicador no esté informado de lo que pasa en la dependencia para la que trabaja, cubriendo su ignorancia con supuestos que ahora está obligado a probar.
