Protagonistas. El secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, el presidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el secretario de la Marina, Francisco Saynez y la procuradora general de la República, Marisela Morales.
A siete meses que concluya el sexenio, el Gobierno federal emitió ayer los Protocolos de Seguridad que regulan el uso de la fuerza del Estado, la presentación y puesta a disposición de los detenidos así como la preservación de la evidencia en investigaciones.
Los lineamientos llegan después de la polémica por el caso de Florence Cassez y tres años más tarde de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el Caso Atenco, donde acusara la carencia de este tipo de protocolos para evitar abusos policiales.
A través de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecieron las normas que sus elementos deberán seguir para someter y detener a presuntos criminales, responder a una agresión o bien defender a la población.
Cada una de las dependencia definió que el uso de la fuerza deberá ser el último recursos empleado y que ésta se realizará observando cinco principios fundamentales: estricta necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
"Uso legítimo de la fuerza. La aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento por los cuerpos policiales sobre las personas que oponen resistencia a una detención que se lleva a cabo en cumplimiento del deber, ya sea que se trate de algún caso de flagrancia, caso urgente o en ejecución de una orden judicial o que se emplee en casos de legítima defensa", definió la PGR en su acuerdo.
El Ejército determinó que los soldados no podrán disparar en contra de los conductores de vehículos que no atiendan la indicación de detenerse, siempre y cuando esta acción no represente una amenaza real e inminente de un mal grave.
"El Personal Militar no accionará armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de Resistencia agresiva grave, o con el objeto de detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos", indicó.
En Los Pinos, el presidente Felipe Calderón que estas directrices privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen el uso de armas letales y además obligarán a los servidores públicos encargados de la seguridad a rendir informes de su actuación.
"Hoy con estas directivas, los funcionarios federales encargados de la seguridad ya cuentan con lineamientos claros para operar en estas situaciones, y para presentar los casos más sólidos posibles ante los jueces que propicien, precisamente, no la impunidad, sino un justo castigo para los delincuentes", dijo.
"También, se reduce la posibilidad de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad por errores en el procedimiento de su detención", agregó ante los integrantes del gabinete de seguridad y activistas sociales como Alejandro Martí.
Por su parte, la Procuradora Marisela Morales reconoció que la expedición de los Protocolos de Seguridad responde en parte a experiencias del combate a la delincuencia en las que las autoridades no han tenido aciertos.
"Hemos estado trabajando de manera coordinada con las autoridades, en todas digamos que las áreas de seguridad, y sobre la marcha se han ido trabajando, aunque no existían, pero se ha ido precisamente haciendo esta coordinación y la colaboración que existe entre cada una de las que participan, pues ha habido aciertos y ha habido también algunas otras donde se ha derivado precisamente la necesidad de hacer estos protocolos", dijo.
Urgía un protocolo: CNDH
La emisión del protocolo de seguridad para el trato a detenidos era una "deuda pendiente desde hace algunos años" y hubiera sido oportuno "hace algún tiempo", reconoció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, al llamar ahora a capacitar en la materia a todos los elementos dedicados a tareas de seguridad pública.
"Es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio", dijo el ombudsman en referencia al protocolo, publicado ayer día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero más importante aún es la capacitación de casi medio millón de elementos policiacos y fuerzas armadas que intervienen en políticas de seguridad, sin eso cualquier medida será insuficiente, valoró.
Entrevistado en el marco de la Clausura del Diplomado Derechos Humanos y Familia, en la Cámara de Diputados, Plascencia Villanueva estimó que la mejor medida para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos es la capacitación.
Pero esa tarea es todo un reto, dado que, explicó, "todavía existe un buen porcentaje de policías analfabetos, algunos otros que no cuentan con una formación suficiente", de ahí que probablemente no sea posible alcanzar el ideal sino hasta mediano o largo plazo, cuando surjan nuevas generaciones de policías y elementos de seguridad.
"Son importantes los protocolos en materia de seguridad y de uso de la fuerza, pero es mucho más importante que se capacite al personal y se respete el contenido de los mismos. Las quejas que ha recibido la Comisión tienen que ver con deficiencias en la capacitación, con un uso de la fuerza como práctica extendida que viola derechos humanos e implica la comisión de delitos".
