En las colaboraciones anteriores comentamos cómo la gestión del agua ha pasado de una etapa centralizada por el Gobierno Federal a otra en la que se transfiere parte de la toma de decisiones a los usuarios de este recurso, abriendo tenuemente espacios a la participación de la sociedad civil, proceso que, sin embargo, no alcanza para que esa gestión priorice el interés público sobre el privado en virtud de que aún queda atrapado entre los intereses de los funcionarios responsables de su regulación y de los grandes usuarios que han monopolizado las concesiones y, por consecuencia, volúmenes de agua acorde a sus actividades económicas privadas.
Esta simbiosis, a veces tersa y otras tensa, ha dificultado que el agua se conciba como un bien común que sea manejado de manera sustentable, es decir, con un enfoque de conservación que garantice su disponibilidad y uso de manera racional, sin sobreexplotarlo, para abastecer las necesidades humanas y ecosistémicas en cantidad y calidad, tanto para las generaciones actuales como futuras.
La ausencia de esta concepción de sustentabilidad en la gestión del agua en México está aumentando la presión sobre el recurso y por consecuencia acentuando y acelerando su deterioro, ya que se anteponen los intereses inmediatos de los actuales usuarios que han encontrado en este recurso un insumo barato en sus esquemas de inversión privada que les permite mantener beneficios particulares a costa de su deterioro. Con ello también se refleja la falta de capacidad de las entidades oficiales responsables de su gestión para limitar esos usos y usuarios a una regulación que acote el abuso que hacen del recurso, situación que plantea la necesidad de buscar nuevos esquemas para que se oriente, o si es necesario, cambie la gestión pública actual.
Esta reorientación o cambio no implica, desde luego, su privatización, ya que ante la falta de una visión sustentable que muestra el sector privado que ha concentrado gran parte de las concesiones, principalmente entre los usuarios agropecuarios, significaría un riesgo mayor en el deterioro que presentan los recursos hídricos del país, riesgo presente sin una entidad reguladora con capacidad y voluntad política que acote los usos y usuarios al marco normativo que le rige.
Ante estas capacidades limitadas de los organismos oficiales que ejercen la gestión del agua para regular sus usos con la cual entran dentro del concepto de déficit de gestión pública, o de la incapacidad de los usuarios para que a través de sus asociaciones autorregulen el abuso que realizan de este recurso, particularmente los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) que administran los acuíferos (donde se encuentran los escenarios más críticos de presión sobre el agua dulce en México), todo indica que las soluciones para frenar el proceso de deterioro que sufre devendrán desde la sociedad civil, ya que es desde esta ámbito donde se podrá anteponer el interés público al interés particular en el manejo del agua.
Ciertamente, en la actualidad la gestión del agua aún no es un asunto prioritario en las esferas del poder público como lo son los procesos de elección de los gobernantes, de ahí que para muchos es una cuestión técnica que debe dejarse en manos de los especialistas, percepción errónea porque implica la toma de decisiones políticas como lo es regular una elección; no es, por tanto, una especulación en el imaginario personal o colectivo de quienes notamos ese déficit de gestión, sino un asunto que los próximos gobernantes del país deben considerar antes de enfrentar escenarios de gravedad mayor, y en algunos casos irreversible por su impacto en la salud de la población y los ecosistemas.
El cambio en la gestión pública del agua debe orientarse hacia el verdadero interés público, el de los ciudadanos, y no el de los funcionarios y usuarios que comparten una visión errónea, insustentable de ella, como parece suceder en la Cuenca de los Ríos Nazas y Aguanaval, donde si bien hay avances en la recuperación y remediación de los procesos de deterioro de los recursos hídricos y los ecosistemas y población humana asociados a ellos, tal parece que se ha renunciado a enfrentar el problema central en este ámbito, el de los acuíferos sobreexplotados y contaminados.
Algunos creemos que es indispensable aplicar medidas que a la brevedad posibiliten proveer agua potable a la población lagunera, podremos tener diferencias en estas acciones temporales, pero estamos de acuerdo en que no deben posponerse; sin embargo, no compartimos las soluciones que evaden el problema de fondo, la recuperación de estos cuerpos de agua dulce sobre la base de la imposibilidad de aplicar programas y acciones de recarga, creemos que no es una discusión agotada porque hay especialistas que opinan sobre su viabilidad.
Por ello, antes de continuar con el enfoque evasivo de esta problemática proponiendo obras de alto costo económico o moda política, como sucede con la potabilizadora sobre el Río Nazas, deben consultarse otras fuentes además de hacer públicas las que se están revisando. Los laguneros de esta generación que ya vivimos eventos anteriores de imposición gubernamental estamos verdaderamente preocupados por las opciones, no suficientemente claras, que nos presentan desde el ámbito oficial por personas que transitan por cargos públicos y toman decisiones cuyas implicaciones afrontaremos quienes vivimos en esta cuenca y región, algo que no se vale porque no sólo se gastarán enormes recursos públicos que los ciudadanos aportamos, sino que nuestras futuras generaciones nos reclamarán si nos mantenemos en silencio.
