Una Corte de Distrito en Carolina del Sur, Estados Unidos, decidió suspender temporalmente secciones polémicas de la ley antiinmigrante S20 que entraría en vigor el próximo 1 de enero, por lo que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció esta decisión judicial.
En un comunicado, la Cancillería expresó el reconocimiento del gobierno de México por esta decisión de suspender provisionalmente la entrada en vigor de diversas disposiciones de la ley S20.
"Dicha ley estatal criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales", destacó.
Cabe destacar que la S20 de Carolina del Sur incluye por primera vez en una de estas normas la creación de la Unidad Estatal de Control Migratorio dentro del Departamento de Seguridad Pública, que tendría a su cargo la detención de indocumentados, y convierte en delito brindarles ayuda o darles empleo.
La norma promulgada el 27 de junio pasado, establece así la existencia de una policía especializada y con facultades para detener a los sospechosos de residir ilegalmente en Carolina del Sur.
El 8 de noviembre pasado el gobierno mexicano con el apoyo de 15 países de América Latina, presentaron un recurso de "Amigo de la Corte" ante los tribunales estadounidenses, respaldando las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Gobierno de Estados Unidos y por organizaciones de la sociedad civil en contra de dicha ley.
La SRE destacó que la suspensión de algunas disposiciones de esta norma se suma a resoluciones similares emitidas en los últimos meses, tanto por Cortes Federales de Distrito como por Cortes Federales de Apelaciones, que mantienen suspendida la instrumentación de medidas migratorias a nivel estatal en Alabama, Arizona, Georgia, Indiana y Utah.
Sin embargo, debido a que la legalidad de estas leyes está en litigio, la Cancillería indicó que "México continuará acudiendo a todas las instancias disponibles, de manera firme e inmediata, a fin de proteger los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, independientemente de su calidad migratoria".
