Una nueva denuncia se suma a los recursos legales interpuestos contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como a sus más cercanos colaboradores por la deuda de 34 mil millones de pesos que pesa sobre el estado de Coahuila.
Además en esta ocasión la demanda alcanza también al Congreso local por haber convalidado medidas legales para aprobar un techo de endeudamiento mucho mayor a lo permitido.
La Asociación civil Claridad y Participación que agrupa a políticos, abogados y empresarios coahuilenses, presentó ante la secretaria general de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia, Humberto Moreira; el gobernador electo, Rubén Moreira; el representante sustituto del Poder Ejecutivo, Jorge Torres López y los integrantes de la LVIII legislatura del Congreso del Estado.
El documento destaca que los inculpados son responsables por “haber consentido violaciones directas a la Constitución Política del Estado de Coahuila y disposiciones secundarias” así como “flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; la Ley Federal de Servidores Púbicos y su correlativa estatal; Ley de Coordinación Fiscal, ley de deuda pública local y el Fondo Federal de participaciones del estado.
“Estamos invocando la competencia jurisdiccional de la Cámara de Diputados para que se enjuicie la conducta del congreso del estado de Coahuila, del gobernador sustituto y el gobernador con licencia, porque se está atentando contra derechos nacionales ya que el financiamiento del estado depende en 80 por ciento de fondos federales por lo que atenta contra el interés de toda la nación”, aseguró el político coahuilense promotor de la denuncia, Jesús González Schmal.
Destacó además que la aprobación de la deuda estatal convalidada por el ejecutivo y el legislativo locales viola al división de poderes y explicó que “se rompió el orden constitucional en Coahuila, porque se está lavando un adeudo que se ha hecho contra derecho contraviniendo la propia ley vigente entonces del endeudamiento púbico del estado y la constitución general de la república respecto de las normas que marca para que los estados puedan contraer deuda con cargo a sus ciudadanos”.
Por su parte el abogado Reyes Flores Hurtado, abogado asesor de Asociación Civil Claridad y Participación explicó que el recurso presentado no se queda sólo en la acción política. “Tiene por objeto que sean desaforados y que tengan una sanción administrativa que puede ser la suspensión o inhabilitación para ejercer cargo público y además una responsabilidad económica si al final de cuentas la cámara concluye que hay quebranto. Eso irá aunado a acciones penales porque también se cometieron delitos”.
Flores Hurtado, además apuntó que el objetivo es “controvertir la deuda para efecto de demostrar que fue inconstitucional…el gobernador interino sabía que se había contratado deuda con documentos falsos y no obstante eso, lo trata de encubrir y solicita al congreso la aprobación de la deuda, entonces hay una violación al marco jurídico constitucional en términos locales y federales”.
LA RUTA LEGAL
El recurso presentado en ante la Cámara de Diputados deberá pasar por el análisis de la sección instructora que tiene 60 días para llamar a comparecer a los inculpados.
Por su parte el diputado Armando Ríos Peter, presidente Junta de Coordinación Política, Cámara de Diputados se comprometió a “tratar el tema en el punto de asuntos generales en la Junta de Coordinación Política” para darle celeridad, aseguró.
Adicionalmente el abogado Flores Hurtado destacó que si el congreso se tarda en desaforar a los implicados aun queda la posibilidad de que sean llamados por la justicia civil y destacó que “en 30 días Jorge Torres deberá ser llamado por la fiscalía por lo menos en los delitos cometidos en Coahuila y en 60 días los diputados locales”.
La demanda de juicio político contó con el apoyo de los diputados del PRD Estela Damián y del PT, Jaime Cárdenas.
El documento fue firmado por Juan Pablo Rodríguez Delgado, Jesús González Schmal, Armando Guadiana Tijerina, Sofía López Naranjo, Gerardo Abraham Caballero Valadez, Reyes Flores Hurtado, Alejandro Gurza Obregón, Pedro Javier Fuentes Reyna, Miguel Ángel Wheelock Aguayo, y Néstor Hurtado Vera.
Solicitan juicio político contra los Moreira
