Desde que La Laguna entró hace cinco años en la espiral de violencia en la que se encuentra, ningún operativo policiaco o estrategia gubernamental ha servido para devolver la añorada tranquilidad a la región. Con todo y los anuncios, las declaraciones, las reuniones, los despliegues y las estrategias de rimbombantes nombres, como "Código Rojo" y "Sellamiento Nazas", la ola de criminalidad en la comarca continúa en su fase ascendente. Basta repasar algunos datos para confirmar la inutilidad de esos operativos.
De acuerdo con la información disponible en la página de Internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros ocho meses del presente año se registró un promedio de 34 robos diarios en la zona metropolitana de La Laguna, superior a los 29 delitos al día promediados durante 2010 y a los 21 de 2009. De seguir la tendencia como hasta ahora, al cierre del año la cifra total de latrocinios rebasaría los 12 mil 400, es decir, casi dos mil más que el año pasado.
Este problema adquiere otra dimensión al ver que el 41 por ciento de los robos en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo es cometido con violencia, cuando hasta hace todavía un lustro, el porcentaje de esta agravante era de apenas el 10 por ciento.
Otro dato que llama la atención es que del total de robos con violencia ocurridos en Coahuila de enero a agosto de 2011, casi el 67 por ciento corresponde a Torreón. Algo similar ocurre en Durango, en donde el 54 por ciento de los robos con violencia ocurre en Gómez Palacio y Lerdo.
Pero quizá son los asesinatos los crímenes que reflejan de mejor manera la descomposición de la comarca en materia de seguridad. En 2009 se registraron 473 homicidios dolosos en el área conurbada. Al año siguiente el reporte anual arrojó una cifra de 799. Y en 2011, a poco más de dos meses de que concluya el año, los asesinatos suman ya 804.
Frente a esta preocupante situación y luego de incesantes reclamos por parte de varios sectores de la ciudadanía, la semana pasada se echó a andar otro operativo, llamado "Laguna Segura". Aunque en la forma esta nueva estrategia de combate al crimen en la región no representa un cambio sustancial a los operativos anteriores, pues, como éstos, implica un importante despliegue de fuerzas de los tres niveles de gobierno bajo un mando militar, "Laguna Segura" presenta en el fondo una novedad interesante, a saber, el condicionamiento del apoyo del Gobierno Federal a la mejora del desempeño de las corporaciones estatales y municipales.
De los diez puntos establecidos en el convenio signado por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos de Coahuila y Durango, y los ayuntamientos de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera, sólo tres corresponden a compromisos de la Federación. El resto son tareas que deben cumplir las autoridades locales y estatales. Dichas tareas consisten, a grandes rasgos, en: depuración y fortalecimiento de las corporaciones, evaluación permanente de los elementos, incremento de la fuerza policial, aplicación del modelo de Policía Estatal Acreditable, participación en movilizaciones conjuntas, revisión de los "giros negros", reconstrucción del tejido social y evaluación y seguimiento de las acciones.
Todo suena muy bien. El detalle está en que no es la primera vez que estas acciones se plantean. Hay que recordar que en 2008, los gobiernos de las 32 entidades federativas y la Presidencia de la República, así como legisladores y poderes judiciales, firmaron el famoso "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad" que contemplaba, además de otros, los compromisos arriba citados. El retomar tres años después parte de los objetivos del acuerdo para el operativo iniciado la semana pasada, sugiere que las autoridades estatales y municipales no han hecho hasta el momento lo que les corresponde, y que los mecanismos de presión por parte de la Federación no han sido del todo eficientes.
Por ejemplo, según el informe más reciente sobre el acuerdo, hasta agosto de 2011 Coahuila y Durango habían cumplido con apenas el 10.92 y 7.81 por ciento, respectivamente, en la aplicación de evaluaciones integrales de control de confianza a mandos medios y superiores en activo. En este sentido, Durango ni siquiera ha podido cumplir con la acreditación de su centro de control de confianza, el cual aparece en el informe "en proceso de alineación al modelo nacional".
Otro renglón que refleja de forma clara lo poco que importa a los gobiernos estatales el tema de la seguridad es el de la aplicación de recursos. Coahuila, por ejemplo, aparece como la segunda entidad que menor crecimiento muestra en su presupuesto de seguridad pública y procuración de justicia, con apenas 1.18 por ciento en el período de 2008 a 2011.
Con la experiencia de estrategias anteriores y el rezago que persiste en compromisos previos firmados, poco espacio hay para el optimismo con el nuevo operativo "Laguna Segura". La Secretaría de Gobernación anunció que el apoyo de las fuerzas federales en la región duraría cinco meses, con opción de ampliarlo hasta nueve, dependiendo de los avances mostrados por las autoridades estatales y locales. Las preguntas son obligadas: ¿podrán los estados y municipios cumplir en cinco meses lo que no han cumplido cabalmente en los últimos tres años? ¿Podrá el Gobierno Federal en cinco meses sentar las bases para hacer de La Laguna una región segura, cuando en cinco años no lo ha conseguido? La comarca y sus ciudadanos no merecen ni soportan un fracaso más.
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