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MÉXICO, DF.- La disminución de prerrogativas a los partidos políticos; la eliminación de las pensiones otorgadas a los ex presidentes, así como la reelección de legisladores, forman parte de las reformas que la Cámara alta dejó en la congeladora.
A diferencia de la Reforma Eléctrica -otra de las iniciativas que trascendió el período sin ser dictaminada-, la electoral era bien vista por las principales fuerzas políticas representadas en Xicoténcatl.
Jesús Ortega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Fidel Herrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y César Jáuregui, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguraron en diversas ocasiones que el paquete de reformas electorales saldría en este período de sesiones.
El consenso se había logrado desde el último período de la 58 Legislatura, cuando la iniciativa fue presentada por senadores de los tres partidos políticos.
El texto presentado incluía los siguientes puntos:
- Disminuir 50 por ciento las prerrogativas otorgadas a los partidos en año no electoral.
- Regular el gasto publicitario en medios electrónicos.
- Fortalecer las facultades de fiscalización del IFE.
- Regular las precampañas.
- Acortar la duración de las campañas.
En ese entonces, la iniciativa no pudo ser aprobada, porque el PRI retiró su apoyo argumentando que debía estudiar con más detalle los temas. Sin embargo, senadores como Jáuregui Robles explicaban que el presidente de ese partido, Roberto Madrazo, "no sabía hacer campaña sin dinero" y por ello había retirado su respaldo.
Al iniciar la 59 Legislatura, los senadores reiteraron que la aprobarían, pero no ocurrió así.
A fin de nutrir la iniciativa para permitir la reelección legislativa, el Senado organizó una serie de foros donde académicos y políticos discutieron pros y contras de la propuesta; incluso, senadores como Genaro Borrego (PRI), Demetrio Sodi (PRD) y el propio Jáuregui (PAN) se incorporaron a un "frente" en favor, pero tampoco fue aprobada.
A principios del próximo año la Cámara alta realizará otro foro, esta vez para dar voz a quienes se oponen a la iniciativa que si bien ayudaría a la profesionalización de la actividad legislativa implicaría -según reconocen los propios legisladores- tener a los mismos en el mismo cargo.
