La descomposición de la sociedad acecha a México. La debilidad del Estado, manifiesta en su incapacidad para frenar la ola de violencia, y la ausencia de oportunidades de desarrollo para amplios sectores de la ciudadanía, tienen en jaque al futuro del país. La marcada tendencia actual de atender siempre lo urgente postergando lo importante, y la subordinación de los grandes temas nacionales a la agenda electoral, no permiten vislumbrar una salida al laberinto en el que se encuentra la República. Y en este extravío colectivo, enormes oportunidades se escurren entre los dedos.
En abril de 2004 publiqué en este periódico un reportaje titulado "México, ante una oportunidad histórica". En él abordé de forma amplia el fenómeno conocido como bono demográfico, el cual consiste, a grandes rasgos, en una disminución paulatina de la población dependiente, es decir, menores de 15 años y mayores de 64, con relación a la población en edad productiva, o sea, entre los 15 y 64 años.
El control de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer son los factores determinantes de este fenómeno demográfico transitorio. En el reportaje citado, expliqué que dicho bono "en cifras se traduce en lo siguiente: mientras que para 1970 la razón de dependencia total (dependencia juvenil más dependencia de la tercera edad) era de 108 por ciento, en 2002 decreció a un 58.4 por ciento, con una tendencia a la baja hasta alcanzar el mínimo histórico de 44.4 por ciento alrededor de 2020".
Es decir que, dentro de nueve años, el grueso de la población se encontrará en edad productiva. La pirámide poblacional habrá dejado de serlo para convertirse en una especie de rombo. A partir de entonces, la población en edad productiva comenzará a descender, incrementando el grupo poblacional dependiente de mayores de 64 años.
Lo anterior significa para el país una oportunidad sin precedentes de creación de riqueza, pero también un enorme riesgo en caso de dejarla ir. Según especialistas, la fórmula de aprovechamiento del bono demográfico es sencilla, al menos en papel: crear empleos; expandir la economía formal; ampliar, en consecuencia, la base de contribuyentes; captar más recursos para invertirlos en infraestructura y así poder atender la creciente demanda de atención y servicios de la población dependiente.
No obstante, como en muchos otros temas, México no parece estar haciendo lo suficiente para aprovechar esta oportunidad. En mayo del presente año, Consultores Internacionales S. C. (CISC), advirtió que el país no ha logrado sacar jugo al bono demográfico debido al desempleo y a la migración de jóvenes, principalmente. En un informe sobre el tema, la firma establece que "México no ha generado las condiciones necesarias para insertar a esta población en la plataforma productiva del país y dinamizar el crecimiento económico".
Las cifras corroboran esta aseveración. De acuerdo a estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo), para aprovechar el bono el país tendría que generar cada año 1.5 millones de empleos. En 2010, según datos oficiales, se generaron tan sólo 850 mil nuevos puestos de trabajo. A los cuales hay que descontar los que se perdieron durante la crisis económica de 2008-2009.
Esto se traduce en cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que cada año pasan a engrosar las filas del desempleo, subempleo y la economía informal, todo lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad social con propensión a la migración o, en el peor de los casos, a expensas del crimen organizado. Por otra parte, son personas que no contribuyen a generar los recursos que el país necesita para crecer y enfrentar los retos del envejecimiento poblacional.
En este sentido, resulta preocupante que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, en México había en 2010 siete millones de muchachos sin estudiar ni trabajar, los llamados "ninis". Jóvenes cuya expectativa de vida se reduce al día y para quienes el mañana es un páramo desierto cubierto de bruma.
Ante esta situación, no debe extrañarnos que las bandas de delincuentes estén conformadas cada vez más por personas menores de 25 años. Según Héctor Castillo Berthier, investigador de la UNAM, un millón de jóvenes entre 15 y 29 años son presa fácil del crimen organizado. Una verdadera tragedia nacional.
Con este escenario enfrente y con la improductividad característica de nuestra clase política y la apatía de la mayor parte de la población, parece que la República se encamina a hacer realidad lo que Rodolfo Tuirán Gutiérrez, exsecretario general del Conapo y actual subsecretario de Educación Superior, ha llamado "la pesadilla social", en donde "el empleo informal de baja productividad y el desempleo podrían alcanzar límites sociales intolerables, (por lo que) nuestras carencias y desigualdades se reproducirían e intensificarían -aunque esta vez en una escala mayor- y lo que es peor, nos condenaríamos a convertirnos en un país de viejos y pobres". Y, por si fuera poco, con mayores problemas de migración y criminalidad.
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