La semana pasada la Comisión Nacional del Agua (CNA) realizó actos de autoridad dirigidos a usuarios de agua cuyas concesiones se encuentran en situación irregular, aplicando sanciones que van desde el cierre temporal de sus pozos hasta la cancelación de sus permisos de extracción en tres acuíferos de la región. Estas medidas destacan no porque no se hayan aplicado con anterioridad, sino por la dimensión en que se hicieron al concentrar un mayor número de inspectores provenientes de otras oficinas de la CNA en el organismo de cuenca con sede en Torreón, y así abarcar una mayor cobertura de pozos que la disponible con inspectores adscritos en esta última.
Tal determinación puede tener diversas lecturas, pero quizá una de ellas es que la decisión de esos actos se tomó a nivel central ante la grave problemática local de sobreexplotación de los acuíferos cuyos volúmenes extraídos duplican los que se recargan, con la consecuente disminución en la calidad del agua debido a la contaminación que sufre producto del aumento en las concentraciones de sales, algunas de ellas tóxicas como el arsénico, que está provocando un serio problema de salud pública regional.
Si bien estas medidas son reactivas y tardías como parte de la política hidráulica federal, se veían inevitables porque los esfuerzos previos de regularización de los aprovechamientos habían sido insuficientes, aunado a la poca disposición de los usuarios por hacerlo. Es del conocimiento público que los volúmenes extraídos estimados en 1,000 millones de metros cúbicos, también son superiores a los concesionados en 700 millones de metros cúbicos, es decir, hay 300 millones de metros cúbicos que se extraen y circulan conformando un mercado negro de agua, volumen equivalente al que se concesiona a alrededor de 1,000 pozos si consideramos que en promedio cada uno de ellos tiene concesionado 300 mil metros cúbicos.
El asunto es que una parte importante de la economía local se sustenta en esos volúmenes excedentes, los cuales posiblemente se originan en sobreextracciones realizadas en los pozos ya concesionados o en los también llamados pozos clonados, lo que denota una ambición desmedida de los usuarios que incurren en estas prácticas, la tolerancia o complicidad en que ha incurrido la autoridad regulatoria, pero también la actitud omisa de todos los demás, sea porque desconociéramos esta situación, porque calláramos aun sabiendo que existía o porque de alguna manera no levantamos la voz suficiente para hacernos escuchar sobre el manejo de un recurso que constituye un bien público.
Al margen de que hay responsables de que las cosas llegaran a este término, los usuarios que recurrieron en estas prácticas tienen la oportunidad de ya regularizarse, porque negar que son parte del problema sólo lo prolongará y, posiblemente, lo agudizará; pero también lo es para que la CNA y demás instancias oficiales inicien el nada fácil proceso de recuperar los acuíferos, sobre todo el principal, para poder pensar en un ejercicio de planeación que a determinado tiempo logre su equilibrio, o quizá pensando más hacia el futuro como región, de dejar las reservas de agua dulce que nos permitan enfrentar las próximas contingencias de escasez de agua que ya nos anticipa el cambio climático.
Proponerse lo anterior no es sólo responsabilidad o mérito de la CNA, sino de todos, es lo que hoy se denomina nueva cultura del agua, donde cambiemos el concepto de uso de este recurso no en respuesta a la demanda que creamos para impulsar economías rentables en el corto plazo, pero no sustentables para el desarrollo regional, sino que partan de planificar o usar sólo los volúmenes disponibles para no presionar a la naturaleza más allá de lo que nos provee, o como mencionamos antes, de fincar ese desarrollo previendo almacenar excedentes, y así evitar discusiones como las que se están ventilando actualmente de si utilizamos filtros de este u otro tipo para evitar proveer agua contaminada a la población, o las que se ventilarán próximamente sobre cómo atenderemos la contingencia de salud pública derivada de la ingesta de esa agua.
Ciertamente, este cambio cultural, también impostergable entre los laguneros, al fin todos somos usuarios de agua, va implicar ajustes en el modelo de desarrollo económico regional, por lo que debemos encauzar nuestros esfuerzos hacia ese fin, hasta donde sea posible de manera consensuada, aprovechando las mismas estructuras de gestión como el Consejo de Cuenca que se viene conformando. Es, quizá, una oportunidad que no debemos desaprovechar antes de que las cosas se compliquen más si evadimos incorporar esta problemática en su agenda de trabajo para recuperar esos volúmenes excedentes que circulan en el mercado negro de agua regional.
