El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los Congresos locales a esa reforma.
La marcha nacional por la paz con justicia y dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de "la mayoría" de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priistas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.
El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la carta magna), de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales sobre la materia. Ciertamente, ese es uno de los aspectos medulares de la reforma, que ayudará a vencer la renuencia pueblerina a aplicar esa legislación internacional.
La búsqueda de un nuevo estatuto para los derechos humanos en la Constitución o, como se decía en la retórica priista de antaño, de elevarlos "a rango constitucional" se inició hace mucho tiempo, desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación y Francisco J. Paoli subsecretario de desarrollo político. Los grupos civiles que lo promovían tuvieron que recoger los restos de los anteproyectos elaborados entonces e insistir en sucesivas legislaturas su aprobación. Tan complicado fue el proceso que la Cámara de Diputados se ocupó tres veces del tema, por desacuerdos con el Senado. Finalmente se impuso el consenso laboriosamente conseguido y la reforma fue enviada en marzo mismo a los congresos locales, donde no se han apresurado a considerarla.
Más claramente en la etapa del predominio priista, pero aun ahora, las legislaturas locales no toman a pecho su papel en el proceso de reforma constitucional. Solía procederse mecánicamente a aprobarla, pero con parsimonia que nadie reprochaba. Se llegó a extremos como el de cometer aprobaciones sólo en el papel, cuando las legislaturas estaban en receso. Para no tener que interrumpirlo materialmente, es decir para no reunir a los diputados, se emitía una convocatoria, se levantaba el acta de una sesión que no había ocurrido y listo, el trámite estaba concluido y enviado al Congreso federal para que allí se realizara el cómputo y se declarara reforma la Constitución.
Salvo un caso reciente, que adquiere nuevo interés por la nueva posición de su protagonista, no recuerdo ningún voto en contra de una reforma constitucional (por lo cual los cabilderos que suponemos ahora fallidos pretendían realizar una verdadera hazaña). Entre septiembre y octubre de 2007 se efectuó el recorrido de la reforma a la carta magna en materia electoral lograda poco antes y el gobernador Humberto Moreira, actuando sin embozo como jefe de sus diputados, se adelantó a decir que la legislatura local no aprobaría la reforma y así ocurrió. Su posición fue inocua en términos prácticos, porque todas las demás legislaturas obraron en sentido contrario. Pero el desplante del gobernador, aunque no quedaran claros sus móviles, sirvió para mostrar el férreo control político que ejercía en su entidad (y que lo ha llevado a imponer como su sucesor a su hermano Rubén) sino a mostrar su credo en materia electoral, relevante ahora que encabeza al PRI.
Alegó Moreira que la reforma ofendía a los estados por permitir a una autoridad electoral federal entrometerse en las elecciones estatales, que los gobernadores pretenden controlar directamente. El fondo de la reforma consistió, como se sabe, en modificar de raíz el régimen de la comunicación electoral, sacando la propaganda de los partidos del comercio en los medios electrónicos y en otorgar al IFE el manejo de los tiempos respectivos.
