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Organizaciones de la Sociedad Civil

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ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

En los últimos días varias asociaciones civiles han levantado la voz para reclamar al Ayuntamiento de Torreón la falta de apoyos económicos. Las disputas al interior de la administración de Eduardo Olmos, que ya se han convertido en una constante, tienen hasta el momento detenida la ayuda que año con año se brinda a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Frente a esta situación se observan dos posturas claramente diferenciadas: la de quienes creen que estos organismos deben hacerse de sus propios recursos, y la de quienes opinan que los gobiernos están obligados a proporcionarles dinero en vista de que el apoyo que brindan es de beneficio público. La disyuntiva obliga a reflexionar sobre el papel de las OSC.

La ortodoxia política establece que es el Estado, a través de los gobiernos, quien debe garantizar el bienestar y desarrollo de los todos integrantes de la sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas se ha hecho patente que las instituciones gubernamentales son incapaces de enfrentar los problemas que aquejan a la población en su conjunto. La argumentación común de quienes forman parte de las estructuras del poder político en México suele ser la escasa disposición de recursos humanos y materiales. Pero la realidad indica que, en la mayoría de los casos, la falta de visión y de voluntad, aunada a la sobreposición de los intereses personales o gremiales a los del bien común, son las que truncan cualquier atisbo de solución.

La consecuencia de la inoperancia de los gobiernos en muchos aspectos de la vida pública es el vacío. Ahí donde la mano del Estado no alcanza a llegar, surgen tensiones que propician la descomposición del tejido social. La discriminación, la marginación, la exclusión y la violencia son fenómenos que, en gran medida, tienen su origen en los vacíos que deja el Estado, y que tienden a agravarse con el uso discrecional de recursos públicos, casi siempre con el afán de crear clientelas electorales. Frente a este abandono y mezquindad de los grupos en el poder, surge la necesidad de la organización de la sociedad civil, ya sea para exigir soluciones o articular estrategias para atacar los problemas frente a los que los gobiernos parecen haber claudicado.

Contrario a lo que comúnmente se cree, el concepto de sociedad civil es muy antiguo. En la civilización grecorromana el término estaba ligado al de sociedad política, puesto que los integrantes del cuerpo cívico de un Estado eran a su vez quienes se involucraban en los asuntos del gobierno. Primero Aristóteles y luego Cicerón lo usaron para contraponer los intereses particulares al interés público. En la era moderna, el concepto adquiere otra dimensión, la que conocemos actualmente. De Hegel a Habermas -con todos los matices que puede haber entre dos siglos-, la sociedad civil aparece, dentro del ámbito público, como ente opuesto a la sociedad política, siendo la primera el conjunto de ciudadanos que no pertenecen a la estructura del gobierno, condición que sí ocurre en la segunda.

Es en siglo XX que emergen organismos ya identificados como producto de la sociedad civil. En México, por ejemplo, aparecen en contraposición al esquema corporativista creado al final de la Revolución Mexicana por el Partido Nacional Revolucionario, el actual PRI. Pero su desarrollo fue marginal durante décadas. Luego de los movimientos estudiantiles de fines de los sesenta y principios de los setenta, dichos organismos tuvieron un auge inusitado.

En el temblor de 1985, estas asociaciones de ciudadanos jugaron un papel fundamental en las labores de rescate y de distribución de la ayuda a damnificados, ante la incapacidad mostrada por el Gobierno de la República. En un principio, para designarlas se utilizó el término negativo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), como una manera de resaltar su condición ajena a la política. Posteriormente se acuñó el término mucho más propio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Luego de la utilidad manifiesta durante la catástrofe del 85, estos organismos comenzaron a recibir apoyo económico de parte de los gobiernos. Fue así como en la década de los noventa proliferaron asociaciones de todo tipo y finalidad. La Laguna no se ha quedado al margen de esta proliferación de OSC. Hoy en día es posible encontrar centros de apoyo a personas marginadas, víctimas de violencia, gente con discapacidad, niños y adultos mayores enfermos, vagabundos, drogadictos y un largo etcétera. Un gran número de ellas son las que demandan hoy a la autoridad municipal el apoyo necesario para subsistir.

Es innegable que frente a la incapacidad gubernamental la labor de las OSC es indispensable para mantener la estabilidad de una sociedad con graves problemas de desigualdad, marginación y violencia, a través de la atención que se brinda a los sectores más vulnerables. Sin esta labor, la descomposición del tejido social se daría a ritmo mucho más acelerado. En este sentido, debe ser interés de los gobiernos que estas asociaciones sigan funcionando, porque realizan una tarea que las autoridades no llevan a cabo o desempeñan de manera insuficiente, a pesar de que es su obligación.

No obstante, es sano que las OSC diversifiquen sus fuentes de financiamiento. Investigadores sociales advierten que la excesiva dependencia del recurso proveniente del gobierno puede mermar la autonomía y capacidad crítica de los organismos ciudadanos, y terminar por desvirtuar su objetivo original, que es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesiten, lejos de todo afán de lucro. Por eso, en el caso del financiamiento público, es menester también que las OSC rindan cuentas y comprueben la adecuada utilización del dinero. Como puede verse, la salida a la disyuntiva planteada arriba está, pues, en el justo medio.

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