La Santa Sede se lanzó nuevamente al ruedo el miércoles en materia de pederastia clerical, al afirmar que una carta a los obispos irlandeses sobre la denuncia de abusos de menores a la policía había sido "profundamente malinterpretada".
El vocero del Vaticano, reverendo Federico Lombardi, dijo que con esa carta de 1997 se intentaba garantizar que los obispos aplicaran de manera estricta el derecho eclesiástico para que los curas pederastas no pudieran evadir el castigo mediante tecnicismos legales.
De ninguna manera ordenaba a los obispos desobedecer la ley que exige reportar los abusos a las autoridades civiles, añadió el abogado del Vaticano en Estados Unidos, Jeffrey Lena.
En esa época no existían tales leyes en Irlanda. En verdad, los obispos irlandeses se adelantaron a los legisladores al cooperar con la policía cuando se produjo la primera ola de juicios entablados por las víctimas de curas abusivos.
Lombardi y Lena emitieron declaraciones después que The Associated Press informó que la carta del nuncio apostólico dijo a los obispos que su política de "denuncia obligatoria" de los abusos "da lugar a graves reservas de naturaleza, tanto moral como canónica".
La política resuelta por los obispos en 1996 aclara, con decenas de citas, que se debe aplicar el derecho canónico, lo cual suscita preguntas acerca de qué era lo que tanto preocupaba a la Santa Sede, más allá de la obligación de informar a la policía.
Por eso, la carta ha socavado el argumento reiterado por el Vaticano, sobre todo en su defensa en los juicios en Estados Unidos, de que Roma jamás insinuó que los obispos locales no cooperasen con la policía.
La carta cita a la Sagrada Congregación para el Clero, que había estudiado el documento irlandés.
En esa época el presidente de la congregación era el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, un defensor habitual de la política eclesiástica de no denunciar los abusos a la policía. En lo más álgido del escándalo por abusos de menores el año pasado, monseñor Castrillón dijo a una radio colombiana que nadie debía verse obligado a transmitir las denuncias.
"La legislación en los países que tienen un desarrollo jurídico noble nunca obliga a declarar contra el hijo, contra el padre, contra otras personas muy allegadas al reo", dijo Castrillón a radio RCN. "¿Por qué le van a pedir eso a la Iglesia? Esa es la injusticia".
En su comunicado, Lombardi observó que la carta del nuncio apostólico, arzobispo Luciano Storero, es anterior a la instrucción del Vaticano a los obispos del mundo, emitida en mayo de 2001, de elevar todos los casos de abuso a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Santa Sede insiste que esa instrucción de 2001 significó un viraje en la manera de enfrentar los abusos. Sin embargo, las normas de 2001 no dicen nada sobre la necesidad de reportar abusos a la policía.
Y en septiembre del mismo año, Castrillón felicitó a un obispo francés que recibió una condena de prisión en suspenso por haber ocultado su conocimiento de un sacerdote condenado por violación y abuso sexual de varios menores.
Apenas el año pasado, el Vaticano publicó una guía no oficial y no vinculante en su página de internet en la que dijo que los obispos deben obedecer las leyes de reporte a las autoridades civiles donde existan.
El temor del Vaticano por la denuncia obligatoria de abusos deriva en parte del miedo a que se viole el sacrosanto secreto de confesión. Además, la Iglesia tiene normas propias para el tratamiento de los abusos, que requieren que los procesos sean estrictamente secretos.
Abogados defensores de las víctimas han dicho que ese secreto equivale al encubrimiento de los abusos y la violación de la ley que obliga a reportarlos a la autoridad civil.
