Incierta aún la posibilidad de que Mexicana de Aviación regrese a los cielos durante la segunda semana de enero como lo anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pista se ha enrarecido en los últimos días al fragor de lo que apunta a una campal de todos contra todos.
De entrada, la Tenedora K está analizando, vía su representante legal, Jorge Gastélum, demandar al conciliador en el proceso de concurso mercantil al que se acogió la empresa aérea, Gerardo Badim, por su pretensión de que entregue olímpicamente, es decir sin opción de pago, la marca y las acciones de la compañía al que hipotéticamente sería su nuevo dueño, es decir PC Capital.
El reclamo apuntaría a que el acusado engañó a la firma tras de la cual se ubica el fondo de inversión estadounidense Advent, al convencerla de adquirir las acciones de la compañía sin advertirle que ésta no tenía la mínima opción de salida.
Aunque la inversión de la Tenedora K fue simbólica, dada la pretensión de los ex accionistas encabezados por el presidente de la cadena hotelera Posadas, Gastón Azcárraga Andrade, de deshacerse de la papa caliente, y de pasadita quitarse de encima los reflectores, debió colocar en la mesa 3 millones de dólares para intentar mantener el negocio en marcha. La motivación de Advent había sido evitar un colapso en las ventas de los comercios instalados en el aeropuerto "Benito Juárez" de la ciudad de México cuya administración corre a cargo de Fumisa... firma adquirida por el fondo de inversión. La paradoja del caso es que del otro lado de la moneda existe la sospecha de que tras PC Capital, el banco de inversión al que se designó como el más viable postor para adquirir la línea aérea, están sus ex dueños por vía directa o a base de prestanombres.Como usted sabe, hasta hoy el único que ha dado la cara es el ex funcionario de Aeroméxico, Arturo Barahona, quien se perfilaría como el nuevo director general de la compañía.
La única explicación dada por las autoridades, concretamente el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño, es que el esquema de operación sería similar al de Volaris, es decir habría un fondo de respaldo y varios grupos de socios. Sin embargo, en el caso de la línea aérea de bajo costo encabezada por Pedro Aspe se conocen al detalle no sólo razones sociales sino personas físicas. Lo que está en juego es una inversión inicial de 150 millones de dólares. Ahora que, para enrarecer más el panorama, los pilotos preparan una asonada para destituir al dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Fernando Perfecto, al que acusan de dar la preferencia a los integrados a la nómina de Click y Link para abrir la lista de sobrevivientes. Sin embargo, detrás de la acción está el intento de evitar una grieta, tras de que los pilotos de Click fueran convocados por el otro postor en la pelea, TG Group, de acudir a una cita en Mérida para presentarles su plan de compra... que incluye el reanudar de inmediato los vuelos de Click y Link. La reunión fue promovida por el secretario del Interior del sindicato de trabajadores de tierra, Luis Ojeda.
El argumento central fue que la firma al relevo se está desmoronando día a día.
Ahora que en la campal también están los funcionarios que "coordinarán" el regreso de la línea aérea. Mientras el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, declara que ésta no será rescatada, por no ser "socialmente justo", el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño, presiona a los acreedores públicos y privados para que acepten quitas de hasta 75 por ciento en los adeudos pendientes de pago. De hecho, el funcionario actúa con una suerte de gestor de PC Capital. Por lo pronto, la incógnita sobre quién está detrás del relevo mantiene nerviosos a los sobrecargos, bajo el argumento de si es socialmente justo que se les obligue a aceptar una liquidación en abonos pagaderos en siete años, sin conocer al resto de los "generosos" patrones.
La paradoja del caso es que los barruntos de tormenta llegan justo cuando los líderes de los tres sindicatos ya firmaron un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que cancela el que tenían con la línea aérea. Campal en Mexicana.
BALANCE GENERAL
Ahora resulta que la fallida zancadilla que le quiso colocar Televisa al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, apunta a un mayor endurecimiento de las reglas para combatir la publicidad engañosa.
El funcionario prepara un nuevo reglamento en la materia dirigido básicamente a los productos que generan obesidad infantil.
La intención, naturalmente, era evitar que se promocionaran supuestos beneficios nutricionales de los que carecen la mayoría de los productos. Como recordará usted, la televisora hizo público un diálogo telefónico entre dos ejecutivos de laboratorios de producción farmacéutica multinacionales, en el que salió a relucir el nombre del funcionario, aparentemente relacionándolo con un acuerdo corrupto.
Como usted sabe, Toscano ha emprendido una cruzada para evitar el engaño al público que representan los llamados productos "milagro" que según ello curan de golpe las enfermedades más terribles.
De hecho, le ordenó hace unas semanas a la televisora retirar una serie de anuncios de Genomma Lab, cuya liga con ella va más allá de un simple contrato como anunciante.
APRIETAN A LA SCT
Ante el espeso silencio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes frente a los Puntos de Acuerdo emitidos por el Senado y la Cámara de Diputados exhortándola a revocar el título de concesión otorgado a Nextel para operar una red nacional de telefonía celular, se prepara ya otra estrategia. La nueva ofensiva la encabezará la Auditoría Superior de la Federación, enviándole un oficio a la dependencia señalando una por una las irregularidades del proceso para la licitación 21.
La parte toral, empero, será un señalamiento de que la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas incurrió en una ilegalidad al otorgarle el documento a una entidad distinta a la que participó en el concurso.
Como usted sabe, a éste se inscribió un consorcio integrado por Nextel y Televisa, quien emprendió la graciosa huida.
CELOSO DE SU DEBER
De acuerdo al cónsul de México en San Pedro Sula, Honduras, Marco Antonio García Blanco, su actuación a favor de la firma Gas del Caribe, propiedad de los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza, a quien se acusa de provocar un grave daño ambiental al que fuera paraíso turístico de Omoa, al instalar cinco colosales esferas almacenadoras de gas licuado frente a la playa, "obedece a la obligación de velar por el prestigio y el buen nombre de México, así como defender los intereses de México y los mexicanos en el marco del derecho internacional".
Sin embargo, aduce que su oficina está abierta para canalizar quejas de vecinos afectados hacia las autoridades nacionales.
De acuerdo al Congreso Nacional de Honduras, la firma pone en peligro a ocho mil vecinos en vida y bienes y constituye una amenaza al ambiente, al terreno y al patrimonio nacional.
