Buena noticia sin duda, aquella que dio la Cámara de Diputados esta semana al aprobar una reforma en materia educativa, la cual obligará a los jóvenes a cursar estudios de nivel preparatoria. Así, el impacto de esta política lo estaríamos conociendo en el largo plazo, tal vez en una generación durante los próximos quince años. Sin embargo, para que el avance legislativo logre relevancia, tendrá que ir acompañado de una mejora sustancial en la calidad de la educación pública, y esa es la parte donde se dispersan los esfuerzos por hacer de la educación un motor para el desarrollo. Por eso, ya no estoy seguro de la reacción causada, ante una noticia difundida en la semana, sobre un narco que cobra, o más bien, aparece en las listas de la SEP. Ya también dudo, si es que la duda era un beneficio, sobre la eficiencia de nuestros servicios de "inteligencia", máxime cuando nos enteramos de casos como el de la "Tuta", o de otros en Procampo.
Pero más allá del inagotable asombro que ocasiona nuestro país, en realidad está la tolerancia siempre regresiva de la corrupción magisterial en el país. Porque si no sorprende que narcos fueran maestros, mucho menos sorprende que existan miles de profesores que cobran en uno y otro lado, sin dar clases. Hace algunas semanas se publicó un estudio conocido como "Brechas. Estado de la educación en México 2010", promovido y realizado por la asociación civil, Mexicanos Primero. El estudio muestra el estado crítico de la educación y señala de forma dolorosa: "La educación en México no transforma a la sociedad; reproduce la desigualdad que existe". En principio se podría pensar que es un asunto de dinero, pero paradójicamente el gobierno asigna tanto o más como los países de OCDE. Tan sólo para el año que entra, designarán 230 mil millones de pesos para la educación. Se trata de uno de los presupuestos más grandes que destina el gobierno federal, sólo superado por Pemex, IMSS, y la Comisión Federal de Electricidad.
En el presente año 2010, el gobierno federal autorizó 921 mil 357 plazas. Cuando Mexicanos Primero analizó las cuentas, las cifras no cuadraron. En el estudio se encontró que en los gobiernos estatales, se pagaron en promedio más de 1 millón 900 mil 514 plazas de maestros durante el primer trimestre del año, lo cual representó más del doble de las plazas autorizadas.
Tras rastrear y comparar un posible censo de maestros en el país, se concluyó la poca confiabilidad de la información oficial proporcionada por los estados, e incluso, hubo entidades como Michoacán, donde no fue posible obtener algunas cifras.
Bajo tal oscuridad, en 2008 se detectaron 552 casos de maestros que cobraron simultáneamente en dos entidades distintas, gracias al "don" de ubicuidad. Por ejemplo, en Coahuila, según el documento, hay 81 superprofesores que cobran más de 100 mil pesos, aunado a un "pequeño" ejército de comisionados que registró 610 beneficiados. ¿Quiénes son esos comisionados? ¿Qué hacen esos 81 superprofesores? Asimismo, prácticamente todos los estados presentaron desfases, algunos muy visibles, como en el DF y el Estado de México, entre las plazas autorizadas y las plazas pagadas.
Otro ejemplo que refleja el desorden administrativo según el estudio, es el desvío de recursos públicos y el manejo discrecional de las plazas, como la existencia de trabajadores asignados a plazas inexistentes en preescolar y primaria. Coahuila, junto a los estados de Morelos y Tabasco, fueron los que más asignaron trabajadores a plazas inexistentes.
Así, lo que alarma no son las excepciones que conocimos esta semana con los profesores narcos, sino el desastre institucional con cargo a los contribuyentes. Porque al final, lo que tenemos es una educación que lejos de contribuir al desarrollo, se ha vuelto una brecha para la desigualdad.
En la semana, el alcalde Eduardo Olmos anunció un subsidio de 20 millones de pesos al año, para apoyar a estudiantes, personas discapacitadas y de la tercera edad para el transporte. La propuesta tiene sentido, sobre todo, si conocemos que las personas de bajos ingresos son las que más gastan parte de su salario en la transportación cotidiana. Cálculos del IMCO estiman que hasta un 52 por ciento del ingreso es destinado a pagar transporte. El programa se aplicará el año que entra, sin embargo, apoyos de esta naturaleza, corren el riesgo de abusos o malos destinos. En su momento, la "Tarjeta de la gente", (ahora del Hogar), fue objeto de abusos e irregularidades millonarias. Lo menos que se puede esperar es transparencia, reglas de operación claras y eficiencia.
