El Congreso del estado acordó que no se cobrará ningún derecho por concepto de expedición de carta o certificado de no antecedentes penales, con el objetivo de no ir en el detrimento de la economía de las familias coahuilenses.
El dictamen fue hecho por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVIII legislatura del Congreso estatal, por lo que se tuvo que reformar la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, adicionando un último párrafo al Artículo 14.
Entre los motivos para su aplicación fue que los requisitos y documentos que se exigen para tener un empleo, suelen tener un costo, por lo que desde principios de año el Ejecutivo del Estado había bajado su costo de 115 a 75 pesos, y ahora quedará en cero pesos.
La expedición de este documento es un servicio que otorga la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de sus unidades administrativas, y por la cual se cobraba un derecho específico.
Los legisladores expusieron que la iniciativa de decreto para suprimir el pago por la certificación de no antecedentes penales se adopta como una medida promotora del empleo, al allanar para quienes lo buscan, no sólo los trámites burocráticos, sino además el costo de los mismos.
