Votación. Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia prohibió a jueces federales de todo el país otorgar suspensiones para que empresas inhabilitadas puedan seguir participando en licitaciones públicas.
La Segunda Sala de la Corte resolvió el 6 de octubre una contradicción entre tribunales federales y estableció que otorgar estas suspensiones atenta contra el interés social y el orden público, pues se quita eficacia a las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de otros órganos de gobierno.
Los ministros aprobaron por unanimidad un proyecto de su colega Luis María Aguilar, que propuso jurisprudencia en el sentido de que la suspensión "debe negarse en todos los casos".
La práctica de ampararse y obtener suspensiones para seguir concursando es común entre empresas, muchas de las cuales dependen de contratos públicos para sobrevivir.
La mayoría de las inhabilitaciones se impone por tres meses y deriva de irregularidades fiscales, pero en ocasiones son por más tiempo y derivan de actos fraudulentos o intentos de engañar a las dependencias que convocan a las licitaciones.
Ese fue el caso de la empresa Prottsa, una fabricante de tornillos que en marzo pasado fue inhabilitada seis meses por la SFP, y multada con 146 mil pesos, debido a que "se condujo con dolo y proporcionó información falsa" durante una licitación.
En primera instancia, un juez de distrito concedió una suspensión que dejaba sin efectos la inhabilitación. Pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó este fallo en agosto y resolvió que lo único que podía frenarse era el cobro de la multa.
La Corte tuvo que intervenir porque el Cuarto Tribunal Colegiado había sostenido el criterio opuesto al suspender una inhabilitación de tres meses impuesta por la Contraloría del IMSS a la empresa Trokar en marzo de 2006.
Pese a la jurisprudencia de la Corte, las empresas sancionadas aún podrán solicitar "medidas cautelares" para frenar las inhabilitaciones, pero no en amparos, sino en juicios contenciosos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Es previsible, sin embargo, que el TFJFA también empezará a negar este tipo de beneficios, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene impacto directo sobre sus decisiones.
