Creían que iban al paraíso, o casi; a "la tierra de las oportunidades" y el "sueño americano". Pero antes de llegar a su destino, los sorprendió la muerte. Una banda de sicarios, entre los cuales había casi niños de 16 años, los sacrificó. Pero este crimen abominable es sólo uno más de los muchos que se consuman a lo largo de un trayecto al que llaman "la ruta de la muerte", pavimentada por la omisión, la impotencia o la complicidad de las autoridades mexicanas de todos los niveles.
Un hecho providencial -Luis Freddy, ecuatoriano de 18 años, que debía recibir el "tiro de gracia", logró sobrevivir, escapar y relatar el drama que vivió un grupo de migrantes procedentes de América Central y Sudamérica- le permitió a la Armada de México desplegar un operativo que concluyó con el hallazgo macabro: una bodega en la que se encontraban 72 cadáveres, entre ellos una mujer en avanzado estado de embarazo. Todo ocurrió el domingo 22, día de San Hipólito.
En el municipio de San Fernando, Tamaulipas, la víspera de la matanza, un grupo del crimen organizado interceptó el autobús en que viajaban 73 migrantes (59 hombres, 14 mujeres); los trasladaron a un rancho donde, al parecer, impusieron a las familias una cuota de 2 mil 500 dólares por persona para ser liberados, y a los cautivos se les ofreció la "opción" de iniciarse en el sicariato. La imposibilidad de obtener los dineros para el rescate o su negativa a integrarse a la banda les costó la vida.
Aunque nada, hasta ahora, había sido tan grave como lo ocurrido el 22 de agosto, hace décadas que las autoridades y la sociedad conocen, por reportajes periodísticos y por las denuncias de organizaciones religiosas o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el viacrucis que significa para los migrantes transitar por el territorio mexicano en su ruta hacia Estados Unidos: maltratos, extorsión, violaciones, torturas, incluso asesinatos.
Los abusos contra los migrantes constituyen una vergüenza hecha costumbre de la que no queremos hablar porque nos quitaría toda autoridad moral ante los vecinos del norte. Mientras México exige respeto a los derechos humanos de los trabajadores "ilegales" mexicanos en la Unión Americana, aquí todo tipo de autoridades (municipales, estatales, de migración) despojan a nuestros paisanos cuando regresan a México; ellos lo saben y no tienen de otra: en el recorrido a sus lugares de origen van pagando las "cuotas" en dólares o en especie que les fijan autoridades diversas.
¿Qué han hecho, por décadas, las autoridades de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué han hecho, concretamente, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el Instituto Nacional de Migración, cuya comisionada, Cecilia Romero Castillo, por simple recato, no debe permanecer en el puesto?
La frontera sur es "tierra de nadie" o, peor aún, está escriturada a los cárteles. En materia de migración, como en otras que conciernen a la seguridad nacional, el gobierno de nuestro país se ha desentendido, no ha querido o no ha podido. Pero ahora, irremediablemente, está en la lupa de la comunidad internacional que, con razón, se escandaliza e indigna. ¿Cuántos casos más se habrán registrado o siguen ocurriendo sin que los medios y la opinión pública se enteren? La otra guerra, ésta que se da contra los migrantes, ha cobrado en los últimos años unas 8 mil vidas. No más silencio, no más crímenes impunes.
MEXICANA, ‘UNA QUIEBRA PROVOCADA’
Hace unos días escribió Javier Lozano Alarcón: "[...] la consolidación de las aerolíneas en nuestro mercado es algo inminente. No debe sorprender a nadie. Así ha ocurrido en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, no se puede ni debe aspirar a que esta integración se dé a partir de un desastre que implica la quiebra provocada por la acción u omisión irresponsable de muchos y con el consecuente beneficio de pocos". Algo así parece estar ocurriendo con la nación mexicana: la quiebra fue provocada.
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