Finalmente el presidente Felipe Calderón aceptó debatir su estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado; los tres foros organizados para ello, aunque fundamentalmente mediáticos y con invitados seleccionados cuidadosamente, superaron las expectativas y hasta obligaron al titular del Ejecutivo a debatir sobre la legalización de las drogas, como él lo llamó.
Calderón reaccionó ante la reiterada solicitud de los académicos presentes en dicho evento, y en la misma señaló: "Deben analizarse siempre los convenientes e inconvenientes a profundidad, (pues) los argumentos de uno y de otro son fundamentales". Y aunque expresó que eso significaba tomar riesgos para varias generaciones de jóvenes y adolescentes, había que valorar los argumentos económicos, sin dejar de señalar su escepticismo respecto a los posibles impactos positivos, "mientras Estados Unidos no deje de ser un gran consumidor".
Unas horas más tarde, la oficina de comunicación social de la misma Presidencia, a través de un boletín de prensa enfatizó la oposición del presidente a la legalización de las drogas, al señalar: "El mandatario mexicano puntualizó que legalizar las drogas en México podría ocasionar que nuestro país pague todas las consecuencias negativas de esta modificación en la legislación, recibiendo muy pocas consecuencias positivas a cambio. El presidente Calderón fue enfático al señalar que varias generaciones de jóvenes estarían en riesgo debido al previsible incremento en el consumo de estas sustancias, que resultaría de su legalización."
Sin embargo, aun con el riesgo de que el debate resulte finalmente en una simulación más, simplemente para legitimar la postura presidencial, hay que tomarle la palabra al presidente y debatir el tema; pero hay que hacerlo colocando con claridad las tres opciones abiertas para combatir las drogas: a) la criminalización de su producción, comercio y consumo; b) la despenalización de su consumo y, eventualmente, comercio y/o producción; y c) la legalización de sus tres facetas.
Hasta hoy lo que ha prevalecido es la criminalización y, por lo tanto, el combate frontal y violento, especialmente en contra de los traficantes de drogas, pero también de los consumidores y productores. La despenalización, significa que se deja de sancionar penalmente a quienes la consumen y, eventualmente, se abren posibilidades de producción (siembra de determinado número de plantas de marihuana, por ejemplo) para consumo personal. La legalización implica permitir el consumo recreativo, pero además el producir y comercializar la droga a través de vías legales y reguladas, tal como sucede en estos momentos con el alcohol y el tabaco, lo cual incluso incluye el gravar ambas actividades.
En términos generales, la demanda más extendida de académicos y expertos es despenalizar el consumo; reconocer que el consumo de drogas es un problema de salud pública y, por lo mismo, encontrar políticas públicas alternativas construidas a partir de evidencias recabadas con métodos científicos para proteger y garantizar los derechos humanos y disminuir los daños provocados por las drogas.
La Declaración de Viena, adoptada apenas durante la XVIII Conferencia Internacional de Sida, celebrada entre del 18 al 23 de julio de este año, señala con toda claridad: "La evidencia de que la aplicación de la ley ha fracasado para prevenir la disponibilidad de drogas ilegales, en las comunidades donde hay demanda, es hoy irrefutable. A lo largo de las últimas décadas, todos los sistemas nacionales e internacionales de monitoreo de drogas han demostrado un patrón general de disminución de los precios e incremento de la pureza de la droga -al margen de las inversiones masivas para aplicar la legislación antidrogas".
La aplicación de esta estrategia ha producido efectos, de salud y sociales, abrumadoramente negativos, incluyendo el enriquecimiento del crimen organizado y la violencia asociada, a tal grado que en 2007, la Conferencia de Alcaldes norteamericanos, estableció que "la guerra contra las drogas ha fracasado" y, por lo mismo, demandó "un enfoque de salud pública enfocado a reducir las consecuencias negativas del abuso de las drogas, al mismo tiempo que se implementen políticas que no exacerben o creen nuevos problemas sociales", según señalan en su página de Internet los impulsores de la declaración de Viena.
La declaración de Viena (disponible en www.viennadeclaration.com) pide al secretario general de la ONU, impulsar la despenalización del consumo de drogas y la implementación de políticas de combate a las drogas a partir de las experiencias exitosas, basadas en evidencias recogidas bajo métodos científicos. Y precisan: "...reorientar las políticas de combate a las drogas hacia las opciones basadas en las evidencias científicas que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos tienen el potencial de reducir los daños derivados de las actuales políticas y permitirían redireccionar los vastos recursos financieros hacia donde más se necesitan: la implementación y evaluación de las políticas de prevención, regulación, tratamiento y reducción del daños."
Las precisiones son importantes, al menos, por dos razones: primero, porque las alternativas no son dos, sino tres, despenalizar y legalizar no son sinónimos ni significan lo mismo; y segundo, descriminalizar el combate a las drogas, no significa su aceptación o tolerancia, significa redirigir los esfuerzos, buscando precisamente reducir sus impactos negativos. Este es el debate que hay que dar y efectivamente, a lo largo del mismo, hay que identificar ventajas y desventajas de cada una de las opciones.
Por otra parte, es conveniente recordar que aunque el Gobierno Federal norteamericano está en contra de la despenalización o legalización de las drogas, los californianos votarán en noviembre un referéndum donde se puede legalizar, no únicamente despenalizar, pues la iniciativa permite incluso cobrar impuestos a la producción y comercio de marihuana. Así que también allende el Bravo cuestionan las actuales estrategias.
