Autoridades federales señalaron a reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, que salían del penal a placer, como responsables de tres homicidios múltiples ocurridos en Torreón contra civiles este año, que dejaron un total de 35 muertos.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, revelaron ayer detalles de la investigación que indican que armas de los custodios del penal gomezpalatino fueron usadas por reos en las masacres de los bares "Ferrie", en enero, "Juana's", en mayo, y de la Quinta Italia, el pasado 18 de julio.
Según Nájera, los autores de los homicidios estaban presos en el Cereso y salían por las noches con acceso a armas de los custodios y vehículos oficiales. El funcionario dijo que esto lo hacían con autorización de la directora, Margarita Rojas, quien se encuentra bajo arraigo, junto a tres ex jefes de custodios.
En conferencia de prensa, Blake y Nájera detallaron que tras un operativo en el Cereso, agentes federales encontraron coincidencias entre los casquillos de bala de los custodios y los que fueron recogidos en la Quinta Italia, donde una balacera dejó 17 muertos.
Los casquillos también coincidían con los encontrados en el bar "Ferrie", donde murieron 10 personas, y el bar "Juana's", donde murieron ocho. Los casquillos son calibre .223 para rifles AR-15.
La investigación identificó cuatro rifles de este tipo que fueron usados en los homicidios múltiples.
Nájera dijo que los reos salían del penal para realizar ajustes de cuentas con bandas rivales. "Por desgracia, también asesinaron a civiles inocentes para luego regresar a sus celdas", señaló.
El vocero de la PGR, dijo que el Ministerio Público Federal solicitó las huellas dactilares y fotografías de los reos así como la ubicación de todos los custodios. Hasta ayer, la Policía Federal mantenía la vigilancia del Cereso.
Blake dijo que no se investigará sólo a las autoridades del penal, sino a su línea de mando.
El titular de Gobernación dijo que los hallazgos de la investigación obligan a revisar "el deterioro de las instituciones de seguridad local". Los criminales, dijo, "en vez de estar tras las rejas, salen de manera impune, armados para cometer actos deplorables".
Blake dijo que los gobiernos de Coahuila y Durango deben mantener la depuración de sus cuerpos policiacos y revisar la seguridad de los Ceresos.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, dijo en un comunicado que el involucramiento de los funcionarios del Cereso, que está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, es "una traición a las instituciones y a la sociedad".
