Los sindicatos convocaron hoy a los españoles a una huelga general el 29 de septiembre en rechazo a las últimas medidas económicas del Gobierno socialista, especialmente de la reforma laboral, que consideran perjudicial para los trabajadores.
Los máximos dirigentes de los dos principales sindicatos de España, Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT, central tradicionalmente próxima al gobernante Partido Socialista), e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras (CCOO), confirmaron la convocatoria de la movilización en una conferencia de prensa conjunta.
La huelga general en España, que será la primera de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero -que llegó al poder en 2004-, coincidirá ese día con una movilización general en los países de la Unión Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos contra los recortes sociales.
Los dos dirigentes sindicales españoles explicaron su llamamiento a la huelga en el rechazo al plan de ajuste del Gobierno para reducir el déficit público y muy especialmente de la reforma del mercado de trabajo que consideran "lesiona los intereses de los trabajadores".
El Ejecutivo tiene previsto aprobar mañana miércoles la reforma laboral, presentada como una de las medidas necesarias para atajar la grave crisis que vive España, que ha elevado el desempleo a más del 20 por ciento de la población activa, con 4,6 millones de personas sin trabajo.
Los sindicatos consideran que la reforma no va a crear nuevos empleos y por el contrario "va a facilitar y a hacer más barato el despido, va a suponer un aumento de la temporalidad estructural y un debilitamiento de la negociación colectiva", resumió Fernández Toxo.
La reforma laboral es una de las reclamaciones de la patronal y también de organismos internacionales que ven demasiado rígido el mercado de trabajo español.
Pero para los dos dirigentes sindicales la reforma no va a redundar en creación de puestos de trabajo. "El empleo lo va a crear la actividad económica", dijo Toxo, que considera que las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno "van a ralentizar la reactivación económica" y por tanto irán en detrimento de la creación de empleo.
La reforma que está previsto que apruebe mañana el Gobierno, y que luego pasará al Parlamento, contempla varias medidas, entre otras la reducción de la jornada laboral o la suspensión de los contratos de forma temporal por causas económicas de fuerza mayor durante un período limitado.
El Gobierno español, la patronal empresarial y los sindicatos fracasaron la pasada semana en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo consensuado para reformar el mercado de trabajo.
Según señalaron hoy los dirigentes sindicales, han sido las organizaciones empresariales las que han "terminado por dinamitar la mesa de negociación con sus peticiones desmedidas", que, consideran han tenido eco en la reforma presentada por el Gobierno.
Méndez sostuvo que la fecha del 29 de septiembre "es oportuna", porque dará tiempo a valorar "el alcance de las reformas" del Ejecutivo en lo que atañe también a las pensiones y, además, si finalmente se inclina por tramitarla en el Parlamento como proyecto de ley, se haría en ese mes.
El Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España dijo hoy, a través de su "números dos", María Dolores de Cospedal, que no va a apoyar una huelga general, porque "no es buena para la situación económica del país".
La huelga del 29 de septiembre, la séptima de carácter general convocada en España en la etapa democrática, será la primera desde 2002 y también la primera del periodo de Gobierno de Zapatero, que ganó las elecciones en marzo de 2004 y revalidó su mandato en 2008.
Los sindicatos llamaron a la huelga el pasado 8 de junio a los empleados del sector público por el recorte salarial impuesto por el Ejecutivo entre las medidas de reducción del déficit, con un seguimiento limitado, de en torno a un 11 por ciento, según el Gobierno y autoridades locales, que las centrales sindicales cifraron en un 75 por ciento.
La valoración general realizada por los medios de comunicación y analistas fue que no lograron un seguimiento masivo de los funcionarios.
