Aunque contó con el invaluable apoyo del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez, perdió la controversia constitucional para evitar que en su estado sea obligatorio administrar la píldora del día siguiente, o de emergencia, a las mujeres violadas. No presentó así el asunto. Quiso que la Corte lo viera como una invasión de competencias pues, siendo el delito de violación propio de la legislación local, del fuero común, no tenía por qué interferir la Secretaría de Salud en la regulación de aquel anticonceptivo cuyas reglas se contienen en una Norma Oficial Mexicana.
El conservadurismo católico ha perdido batalla tras batalla respecto de esta norma, que parte del respeto a las mujeres ultrajadas, que deben tener derecho a evitar el embarazo resultante de un forzamiento. A regañadientes, después de pretender su modificación subrepticia, el Gobierno Federal ha tenido que admitirla, por lo que hoy está vigente. Con socarronería el secretario de Salud opinó que se atendría a las decisiones judiciales sobre la aplicación de la norma, como si ignorara que, cuando más, la sentencia del tribunal constitucional se aplicaría sólo en Jalisco.
No digo que haya, porque lo ignoro, una conspiración del conservadurismo católico en la política, la justicia, los ámbitos legislativos. Pero es claro que al menos se percibe una unidad de propósitos que resulta en la modificación de las constituciones locales para declarar que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, con lo que se establece la base para legislar en materia penal en sentido contrario a lo dispuesto por el código penal del DF, donde es posible suspender la gestación doce semanas después de iniciada, sin que ello constituya delito. Esa reforma fue combatida por el multimencionado conservadurismo desde diversos ángulos y en todos los casos la conclusión fue que la legislación capital al respecto se expidió conforme a la Constitución.
González Márquez erró al presentar como lo hizo la controversia constitucional. Pero contó en la Corte con el eficaz apoyo, ignoro también si expresamente concertado o simplemente coincidente de su paisano Aguirre Anguiano. Magistral argumentador, Aguirre Anguiano leyó y pretendió que los ministros leyeran cuestiones no contenidas en la controversia, que era lo único que debían resolver. Mediante un mecanismo noble llamado suplencia de la queja, que sobre todo en cierto género de amparos permite a las autoridades remediar deficiencias en la demanda correspondiente, para que no sean pormenores formales insatisfechos los que influyan en la decisión judicial, Aguirre Anguiano buscó que se discutiera, como si esa fuera la litis, es decir la razón de la disputa judicial, si la píldora del día siguiente es abortiva. Y hasta prolongó por horas el debate proponiendo que expertos científicos determinaran si la píldora tiene ese efecto. Al final, no obstante haber atendido sus argumentos, cuando se llegó a votar, Aguirre Anguiano se quedó solo. Sus diez compañeros concluyeron que la Norma Oficial Mexicana sobre la píldora de emergencia concierne a la salubridad general, materia de la Federación por excelencia, y nada tiene que ver con los procedimientos panales relativos a la violación.
Aguirre Anguiano se ha convertido en uno de los más sólidos -y no me refiero por supuesto a su complexión-miembros del tribunal constitucional, al que llegó sin experiencia de ningún género en la impartición de justicia. Nacido en Guadalajara el primero de febrero de 1943, realizó sus estudios de abogacía en la Universidad Autónoma de Guadalajara, bien identificada con concepciones ultramontanas, que más de una vez condujeron a algunos de sus estudiantes y profesores a reñir no con rojos conspiradores sino con estudiantes católicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).
El ahora ministro ejerció su profesión en un despacho privado, de 1970 a 1974, y luego participó en la notaría No. 24 de la capital jalisciense hasta enero de 1995, cuando el PAN lo propuso para integrar la plantilla fundadora de la nueva época de la Corte tras el golpe constituciónal que el presidente Zedillo asestó a la cabeza del poder judicial. Antes, Aguirre Anguiano había participado con ese partido en política electoral. Fue regidor del ayuntamiento de Guadalajara y como candidato a diputado federal alegó en propia causa durante el colegio electoral de 1982, sin poder derrotar los designios priistas que preveían quién entraría en San Lázaro y quién no.
Zedillo confió a Acción Nacional importantes aspectos de la procuración y administración de justicia. Nombró procurador a un miembro de ese partido y otro presidió la Comisión de justicia del Senado, el órgano encargado de proponer a quienes serían ministros. El líder panista en esa cámara, Gabriel Jiménez Remus apoyó a Aguirre Anguiano como cara propia.
González Márquez, por su parte, nació el 12 de noviembre en Lagos de Moreno, capital de los Altos de Jalisco, de la que sería un muy joven alcalde. Ganó esa posición como miembro del Partido Demócrata Mexicano, expresión electoral del sinarquismo, a cuyo ideario conservador estaba adherido González Márquez. Pero cuando declinaron las posibilidades electorales del PDM, se mudó en 1992 a Acción Nacional, donde ha hecho una veloz carrera: diputado federal, líder estatal, presidente municipal de Guadalajara. Con algo de ayuda de la PGR pudo ganar la elección de 2008.
