Aunque las distintas instancias de Gobierno se nieguen a reconocerlo, hay zonas importantes del territorio nacional que están bajo control de los cárteles del narcotráfico; en dichos territorios éstos imponen su ley y las autoridades constitucionales están imposibilitadas para resguardar el Estado de Derecho.
Este es precisamente el caso en Tamaulipas. A través de amenazas, ejecuciones y demás acciones violentas, los narcos cancelaron la libertad de expresión; imponen y bloquean candidatos a los puestos de elección popular; y cancelan el voto libre de la ciudadanía. Es su ley la que impera.
El pasado jueves 13 de mayo la delincuencia organizada acribilló al candidato panista a la Presidencia municipal de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, quien previamente había recibido amenazas de muerte, según declaró el líder nacional del PAN, César Nava.
Pero su asesinato no es la primera, ni será la última manifestación violenta ligada a las contiendas electorales. En octubre de 2007, en pleno proceso electoral intermedio (eligieron alcaldes y Congreso local) el líder estatal del blanquiazul, Alejandro Sáenz, denunció que el narcotráfico quitaba y ponía candidatos y que para ello recurrían a los llamados "levantones" para obligarlos a renunciar. Reconoció que a consecuencia de ello no podían encontrar candidatos para las alcaldías de Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero.
Unos días después de su denuncia, el 6 de noviembre, el coordinador de campaña del candidato a alcalde de Ciudad Mante, Eliseo Trejo, fue secuestrado durante 12 horas. Y el 9 de noviembre, el candidato a primer regidor del Ayuntamiento de Reynosa y tesorero de la campaña del candidato a alcalde, Rodrigo Moreno Ricart, también fue secuestrado y liberado hasta el día 21 de noviembre, diez días después de la celebración de los comicios. Pero también hubo asesinatos, el 29 de ese mismo mes, fue acribillado el ex alcalde de Río Bravo y candidato del PT a la alcaldía de ese mismo municipio, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
Tres años después la situación empeoró: el 3 de febrero, el líder nacional del blanquiazul declaró que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido decidió elegir "por designación" a los candidatos a gobernador, 43 alcaldías y 36 diputaciones locales, para "blindarse" de la posible intromisión del narcotráfico. Así lo hicieron, aunque no han podido encontrar candidatos para las alcaldías de Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier y Camargo ni las diputaciones de Río Bravo y San Fernando; ahora, se suman la alcaldía y la diputación de Valle Hermoso, la primera por el asesinato de su candidato y la segunda, por la renuncia de su abanderada, Adriana Contreras, tras recibir amenazas de muerte.
El 30 de abril, Raúl Bocanegra Alonso, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Río Bravo, renunció a sus aspiraciones tras de que se incendiara su casa. Y el 4 de mayo pasado, fueron ejecutados dos empleados de una estética propiedad de Martha Porras, precandidata perredista a la alcaldía de Nuevo Laredo, en el lugar aparecieron mantas con amenazas en contra de ella y de su hermana, quien atendía el negocio; también les incendiaron su casa.
Los hechos demuestran claramente que el narcotráfico literalmente impone y bloquea candidatos; la constante en este proceso electoral es precisamente la intromisión del narcotráfico y sus acciones violentas cuando sus "sugerencias" son desatendidas.
Hace tiempo que los narcos también cancelaron la libertad de expresión en dicho estado; ellos son los que deciden qué se difunde y qué no en los medios de dicha entidad; múltiples son los hechos violentos contra periodistas y medios y es una de los estados donde más pérdida de vidas de comunicadores hay que lamentar. Durante un tiempo los medios nacionales fueron la opción para conocer lo que sucedía en su comunidad, los corresponsales o los enviados especiales transmitían la información y los periódicos los protegían ocultando sus nombres, pero hoy dicha opción también sufre sus embates porque los primeros están muy identificados y los cárteles amenazan con cobrarles la factura por lo que publiquen sus medios, al margen de que aparezcan o no sus nombres; y los segundos son detectados apenas empiezan a desarrollar sus investigaciones.
Y las versiones de cómo la ciudadanía es presionada para votar por un determinado candidato, particularmente en las comunidades más pequeñas, son comunes y extendidas. La ciudadanía no está dispuesta a sufrir las consecuencias en caso de que no gane el candidato seleccionado por los narcos.
Los narcos definen a los candidatos, controlan qué se difunde y obligan a votar por sus favoritos. Éstas no son condiciones para la celebración de elecciones libres y democráticas y tampoco se lograrán simplemente con colocar protección a los candidatos a los puestos de elección popular, pues más allá de que no representan ninguna garantía de seguridad, como ya se confirmó en 2007, cuando Guajardo cayó abatido junto a dos escoltas de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, tampoco enfrentan las otras limitantes.
Hay que reconocerlo con toda crudeza: en Tamaulipas no existen condiciones para la celebración de elecciones, por lo tanto, hay que suspenderlas, declarar -de conformidad con lo establecido en el artículo 29 constitucional- la suspensión de las garantías constitucionales y restablecer "la paz pública" e instaurar el Estado de Derecho, para poder convocar a elecciones.
Ésta es la realidad, aunque los gobiernos estatal y federal y sus respectivos partidos se nieguen a reconocerlo. Tamaulipas es una clara muestra del Estado Fallido, que afortunadamente todavía no se extiende a todo el territorio nacional, pero puede hacerlo si no se toman las medidas pertinentes.
