El reciente activismo cívico del rector del Tec de Monterrey en reacción a la trágica muerte de dos alumnos de esa casa de estudios, resulta emblemático de la democracia de estamentos que vivimos en México. Sin proponérselo, con su intensa actividad pública, el doctor Rangel confirmó que mientras hay abusos y violaciones a derechos humanos destinados a la negación, al olvido y al silencio, otros casos se convierten en hitos, fuentes de acuerdos o incluso hasta en motivo de reformas.
Contrario a los valores democráticos igualitarios y de representación, en este país lo que importa no es el mensaje, sino el mensajero. Raúl Lucas y Manuel Ponce alzaron la voz en su natal Guerrero contra los abusos perpetrados por militares. Denunciaron penalmente el allanamiento, el robo y los interrogatorios ilegales que cometieron efectivos de las Fuerzas Armadas en contra de la población del Municipio de Ayutla. Presentaron casos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organizaron a su comunidad para la defensa de sus derechos y para impedir que el Ejército se convirtiera en una fuerza sin controles en esa región, exigiendo siempre combate a la impunidad, investigación y sanción a los responsables.
El rector del Tec tiene más en común con estos dos líderes indígenas de lo que podría imaginar, pues enarbola banderas similares. Expresó públicamente su disgusto por la inadecuada investigación, por la manipulación de la información e incluso afirmó "que el Ejército se está pasando en sus funciones" (Proceso 27/03/10). Después de sus duras críticas y declaraciones, su estatus e influencia le merecieron ser recibido en el Senado para exponer un paquete de propuestas con la intención de mejorar la situación de inseguridad. Ahí el rector pudo decir: "Pedimos ante todo el esclarecimiento de esos hechos, ya que todavía no tenemos las respuestas y exigimos que no se sigan violando los derechos humanos" (El Universal, 22/04/10).
Con un discurso similar, Manuel y Raúl lejos de ser escuchados por las autoridades, sólo recibieron hostigamiento y atentados. La sordera de las autoridades no impidió que mantuvieran la firmeza de exigir justicia hasta que fueron desaparecidos por un comando armado el 13 de febrero de 2009. Sus cuerpos se encontraron sin vida siete días después con signos de tortura. Los crímenes están impunes y sus viudas y la organización que formaron en lugar de ser escuchadas son perseguidas.
Es crítico el momento que vive el país ante la insufrible violencia que ejerce la delincuencia organizada. Lo grave es que en este contexto sea frecuente que la ciudadanía sea víctima también de sus propias instituciones. Para quienes no ostentan más que un nombre y un apellido común, denunciar el abuso policial es una actividad de alto riesgo. El buen nombre y el acceso a la justicia quedan a merced de la ligereza con la que en estos tiempos se sugiere que cualquier víctima era en realidad un delincuente.
La evidencia la aporta una vez más Guerrero, una comunidad en Huamuxtitlán. Ahí, el 28 de diciembre de 2009, dos miembros de una familia fueron torturados por integrantes de la Policía Ministerial del Estado. Además de las lesiones causadas por los golpes, los servidores públicos dejaron una contundente advertencia a las víctimas: que no presentaran denuncia en su contra ya que podrían señalarlos, sin fundamento, como miembros de la delincuencia organizada.
Intolerantes a perpetuar la injusticia, las víctimas presentaron la denuncia penal. Al igual que lo hizo el rector del Tec al pedir que limpiaran el nombre de sus estudiantes después de haber sido señalados inicialmente como sicarios, en Huamuxtitlán se niegan a que el abuso y la actuación fuera de la ley se encubran con la oprobiosa vinculación a la delincuencia organizada. El valor cívico de Rangel le mereció aclaraciones y compromisos por parte del secretario de Gobernación. A las víctimas en Guerrero, nuevamente sólo el recrudecimiento de amenazas y hostigamiento.
El dolor humano causado por el abuso de las autoridades que luchan contra la delincuencia salió de los empolvados pueblos y las remotas cañadas para instalarse en las acomodadas colonias y los lujosos barrios urbanos. Aunque la atención a los casos no sea igual, el sufrimiento es el mismo. Por esta razón, en honor a todas las víctimas que sufren en silencio y han sido olvidadas, por la memoria de Raúl y Manuel, cada vez que una figura prominente denuncie, debe entenderse que en su voz habitan miles de gritos y que detrás de esas palabras hay cientos de muertes que siguen impunes.
