El gobierno de Oaxaca no puede acudir a la estratagema que sirve al Gobierno Federal para ocultar ataques militares por lo menos desaprensivos contra niños y adultos ajenos a la delincuencia organizada. Ni siquiera con la cara dura con que se inventan enfrentamientos que nunca ocurrieron podría montar un escenario diverso del que realmente sirvió para el asesinato de dos activistas y para lesionar a otras personas, incluidos dos miembros de la revista semanal Contralínea. Fue un ataque a mansalva, anunciado como si estuviera prohibido circular en territorios dominados por tropas irregulares prohijadas por el Gobierno Estatal, que de esa manera extiende su feroz brazo armado a donde quiera que haya un hálito de dignidad ciudadana, un valor que el Gobierno de Ulises Ruiz no tolera porque es un factor impediente para su arbitrario afán de controlar la vida pública en su estado.
La modalidad puesta en práctica para lograr en Oaxaca impunidad para atacantes como los soldados que mataron a dos niños en Tamaulipas o los participantes en un tiroteo del que resultaron muertos dos estudiantes de posgrado en el Tecnológico de Monterrey, consiste en que el ladrón grite para que se persiga al ladrón. Cuando todos los indicios, los antecedentes y la lógica política apuntan hacia la responsabilidad de la Ubisort (Unión para el bienestar social de la región triqui) en la emboscada de hace una semana, esa propia agrupación pide que la Organización de Naciones Unidades intervenga en la región, porque los gobiernos locales y el federal no pueden poner fin a la violencia, por lo que "la vida en San Juan Copala no tiene valor". Lo saben bien los de la Ubisort, quienes no han sido agredidos y en cambio lanzaron ya varios ataques contra sus adversarios. Sin que puedan aducir ni una víctima de su parte, la gente de Ubisort alega: ¡nos pueden matar en cualquier momento, así como murieron Jiry Antero Jaakkola y Beatriz Cariño Trujillo".
Asombra la cachaza de esta organización que por cuenta del Gobierno de Oaxaca se ha propuesto impedir que se consolide la experiencia comunitaria hasta ahora expresada en el intento de crear un municipio autónomo, es decir una región donde las autoridades actúan a favor y no en contra de los pobladores. Siempre hostigados los autonomistas, el recelo activo en su contra se recrudece de tanto en tanto, para disuadirlos de llevar adelante su iniciativa.
A fines de noviembre se desplegó una campaña propagandística en la prensa de Oaxaca para anunciar que la autoridad del municipio autónomo había llegado a su fin. Pero hubo también acción directa en ese sentido. "El día 29 de noviembre de 2009 -narra el abogado Francisco López Bárcenas, conocedor y protagonista de la situación en esa comarca oaxaqueña- las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco... Ese mismo día, los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas..." (La Jornada, 29 de abril)
Después de una nueva agresión en que se apoderaron de la sede del "gobierno autónomo", los miembros de Ubisort prácticamente sitiaron el poblado, a cuyos habitantes buscaron someter por hambre, amén de la intimidación constante. Por ese motivo, una caravana de solidaridad e información partió de Huaujuapan de León el martes pasado para abastecer a la comunidad de San Juan Copala y para conocer y difundir las condiciones prevalecientes en la región. En varios vehículos viajaron miembros de organizaciones civiles mexicanas y de Finlandia y Alemania, así como periodistas de medios locales y de la revista Contralínea.
Para asegurar el libre tránsito de esta caravana, la organización Servicios y y Asesoría para la Paz, permanentemente interesada en contribuir a que mejore la convivencia entre los triques en esa región, informó al Gobierno del Estado de ese proyecto solidario. En vez de aprestarse a asegurar la entrega de los víveres a las familias sitiadas en San Juan Copala, parecería que las autoridades estatales alertaron a la Ubisort para impedir el paso del convoy. Para lograrlo, bloquearon con piedras el camino, y cuando los conductores de los cuatro vehículos en marcha se detuvieron para remover los obstáculos, y con ellos algunos periodistas y activistas, desde el monte surgió una tupida balacera que pronto alcanzó sus blancos.
La primera en caer fue Beatriz Alberta Cariño Trujillo y enseguida fue muerto Jiry Antero Jaakkola. Ella, nacida en Chila de las Flores, Puebla, (donde ya fue inhumada), residía en Huaujuapan de León, donde era parte de la agrupación Cactus. Él era miembro de la organización Unsi Tanli Ray, de Filandia, que como muchas agrupaciones europeas realiza activismo humanitario en México y en América Latina.
Indolente ante la sangre derramada y la violencia ejercida en esa comarca en años anteriores -por ejemplo cuando fueron asesinadas las comunicadoras triques Teresa Bautista y Felícitas Martínez , hace ya dos años- el gobernador Ulises Ruiz se muestra de nuevo desdeñoso ante la mortal agresión, lo cual augura negligencia en la averiguación penal y al cabo de ella impunidad para los homicidas.
Para confiar en lo contrario sólo cabe esperar que el relevo gubernamental incluya entre sus efectos justicia en este caso.
