D Os días antes de que desapareciera la niña Paulette Gevara Farah, el caso que lo ha puesto en el centro de la escena pública más allá de los confines de su jurisdicción, el procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sagal, había festejado el segundo aniversario de su asunción del cargo, pues tomó posesión el 19 de marzo de 2008.
Su nombramiento había sido aprobado por mayoría en el Congreso local. Además del PRI, el PAN se sumó con entusiasmo a la decisión, pues seguramente era conocido del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, que ahora es vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro. Es que la mayor parte del brevísimo trayecto del nuevo funcionario relacionado con la procuración de justicia (que suma apenas más de dos años) había ocurrido en la Administración federal panista. Nacido el 24 de octubre de 1973, Bazbaz acabó sus estudios en la Universidad Anáhuac, donde se graduó de abogado y maestro en ciencias penales, y donde enseña hace once años. En 1994 fue agente del Ministerio Público Federal, y durante la década siguiente se dedicó al litigio privado. Sólo cuando comenzó la gestión de Eduardo Medina-Mora en la Procuraduría General de la República volvió al servicio público, en áreas y tareas no sustantivas de esa dependencia: fue asesor de la Coordinación de planeación y desarrollo institucional, y después asesor del propio procurador Medina-Mora. En septiembre de 2007 pasó a ser director general de Control de procesos penales federales, donde permaneció apenas unos meses, hasta que fue llamado por Peña Nieto a colaborar con él en un labor particularmente delicada, pues día con día aumentaba la violencia criminal en el estado, lo que no ha dejado de ocurrir mientras Bazbaz ha sido el procurador. A su impericia en labores sustantivas del Ministerio Público ha añadido su desconocimiento de la entidad. Ignoro si nació en ella o no, pero lo que es ostensible es su desvinculación con la misma, al punto de que uno de los 16 diputados que objetaron su nombramiento (frente a los 53 que lo aprobaron) lo desafió a identificar determinados municipios en un mapa del estado. No hubiera pasado la prueba.
No era un concurso de geografía, se dirá. Pero es que tampoco ha aprobado el desempeño de su cargo. Su ineptitud y algo más han quedado de manifiesto en el penoso caso de una niña colocada en medio de desavenencias familiares a las que no tenemos derecho a entrar ni no interesa hacerlo. Bazbaz se apersonó en la casa de la familia afectada el lunes 22 de marzo cuando los padres y las nanas se percataron de la ausencia de una pequeña dejada a dormir en su cuarto con las precauciones propias de sus insuficiencias corporales. Como jefe del Ministerio Público, Bazbaz debió ordenar una medida precautoria ordenada por la ley y el sentido común, como es la preservación de la escena del delito. Cuando se presumió que se trataba de una desaparición, debió considerarse como escena del origen del ilícito las zonas de acceso común del edificio donde se hallaba el departamento y por este mismo.
Tan no fue así que el cuarto de la niña, donde presumiblemente se le vio por últimas vez y donde finalmente se localizó su cadáver, se convirtió groseramente en zona de paso y estancia a donde todo el mundo tuvo acceso. Miembros de la Procuraduría entraron y salieron del lugar hasta para usar el inodoro como si fuera su propia casa, y una amiga de la abogada Lissete Farah pasó allí varias noches.
En una forma de atención personal que otros graves delitos cometidos en su estado, no le han merecido, estar encargado directamente del caso, Bazbaz solicitó y obtuvo el arraigo para los cuatro adultos que tuvieron comunicación por última vez con la niña. Sus padres y las cuidadoras Martha y Érika Casimiro. ingresaron en la cárcel disfrazada de casa de arraigo el 29 de marzo porque había, dijo el procurador mismo "inconsistencias en sus declaraciones". Cuando dos días más tarde, el miércoles 31 apareció el cuerpo de la chiquita, inopinadamente en lo que había sido su propio cuarto, Bazbaz soltó un contundente "yo no tengo duda de que se trata de un homicidio".
Acto seguido, pidió y obtuvo el fin del arraigo de las cuatro personas adultas, que salieron en libertad. Sólo Lissete, la madre, fue considerada indiciada, y en esa delicada situación legal se encuentra: no ha sido formalizada una acusación del Ministerio Público en su contra, por lo que podría moverse de un lugar a otro y evadir la acción de la justicia en caso de que la requiriera. Es extraño que en esa circunstancia la petición de que el arraigo finalizara la incluyera a ella, aunque acaso se tuvo la delicadeza de permitirle asistir al funeral de su hija.
Ella misma, o la familia de su esposo mantienen una relación amistosa con el procurador, lo que explica la asiduidad con que el funcionario ha seguido el caso. La señora contó a Adela Micha que Bazbaz intermedió para que su cuñado Christopher Gevara hablara con ella (en una suerte de anexo alquilado por la Procuraduría). En la conversación a ella le fue ofrecido un boleto con el destino que dispusiera amén de medio millón de dólares a cambio de que se fuera del país "y déjanos a las niñas".
La culminación de los ires y venires de Bazbaz está por conocerse: con base en el certificado de la necropsia practicada a la infortunada pequeña, tal vez haya conclusiones no acusatorias del Ministerio Público por considerar que la víctima se asfixió. No hay delito que perseguir.
