En la semana que recién termina dos conspicuos precandidatos a la Presidencia de la República (Enrique Peña Nieto y Santiago Creel Miranda) expresaron, en sendos artículos publicados en el diario capitalino El Universal, su opinión sobre la necesidad de que el presidente cuente con el apoyo de lo que llaman "una mayoría política estable" en el Congreso para lograr la gobernabilidad en México.
Ambos reconocen que el sistema político mexicano no se ha transformado; que permanecen las mismas reglas que existían cuando había un partido hegemónico, lo cual es totalmente cierto. El problema es el sentido que le dan a sus propuestas de solución, pues ambos plantean que la dificultad se genera a partir que el partido del Titular del Ejecutivo, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, su lógica los lleva a pensar que para que el sistema presidencial funcione hay que regresar a los momentos previos a 1997.
Creel textualmente señala en su artículo, publicado el jueves 13 de marzo: "De no cambiar el sistema político y de seguir con una correlación de fuerzas como se ha dado en los últimos trece años, el problema fiscal difícilmente se va a resolver. Tampoco, otros pendientes como el de la competencia en la economía, la productividad en el orden laboral, la vigencia de los derechos humanos, el desarrollo del campo, el retraso educativo, el desorden imperante en las fuerzas policiales, por sólo mencionar unos cuantos de los problemas que frenan el bienestar nacional". Así culpa a la falta de mayorías de problemas que no necesariamente tienen que pasar por el Poder Legislativo, como fácilmente es perceptible en la lista anterior.
Por su parte, Peña Nieto, en el suyo, publicado el martes 16 de marzo, afirma: "México ha vivido más de una década sin grandes reformas porque nuestro sistema institucional dificulta la construcción de mayorías". Y más adelante llega al extremo de proponer regresar a la cláusula de gobernabilidad: "Otra alternativa sería retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación. En nuestro contexto democrático actual, los tres partidos grandes tienen la posibilidad de alcanzar este umbral de votación, así que esta regla no sería, como pudo haber sido en el pasado, inequitativa. Es particularmente importante que el Ejecutivo cuente con mayoría durante su primer trienio, ya que en la primera mitad de su mandato debe mostrar la efectividad de su programa de Gobierno, el cual es juzgado por la ciudadanía en las elecciones intermedias. Por ello, la cláusula de gobernabilidad sería particularmente útil en las elecciones concurrentes para presidente de la República y el Congreso de la Unión".
Así él propone entregarle la mayoría al partido del presidente con poco más de una tercera parte de los votos, lo cual es una vía para alterar la voluntad popular, pero además olvida que su propuesta puede ser totalmente contraproducente en la elección intermedia, como sucede en estos momentos por la mayoría artificial que logró el PRI, junto con su aliado el PVEM, gracias a la sobre representación de ocho puntos porcentuales.
Ambos olvidan que ese es uno de los grandes riesgos del sistema presidencial, en todo caso si quieren que el Ejecutivo cuente con mayoría en el Congreso, sin violentar la voluntad popular, lo que tienen que proponer es transitar al sistema parlamentario o semipresidencial, que tienen sus propias dificultades.
Pero en el pretendido dilema representatividad versus gobernabilidad, particularmente Peña Nieto se decanta por la gobernabilidad en detrimento de la representatividad, lo cual desde luego va en detrimento de la democracia, pues se establecen reglas para burlar la voluntad popular creando mayorías artificiales.
Para construir la nueva institucionalidad en México, hay que partir de la certeza de que en los próximos años no habrá una fuerza mayoritaria en el Congreso y, por lo tanto, hay que pensar, incluso, en elevar la representatividad, respetando la proporcionalidad pura, de tal suerte que los partidos políticos tengan exactamente el mismo porcentaje de legisladores que su porcentaje de participación electoral, lo cual puede complicar más la conformación de mayorías legislativas.
Y, bajo esta premisa construir los instrumentos que permitan funcionar en la nueva correlación de fuerzas: lo cual implica establecer disposiciones que incentiven la conformación de mayorías legislativas, estables -pero no unipartidistas- o casuísticas y temáticas; en el primero de los casos se puede lograr a partir de la construcción de gabinetes de coalición, lo cual conlleva que el Congreso participe en la designación o ratificación de sus integrantes; y, lo segundo, a partir del establecimiento de reglas como las iniciativas de atención preferente, eventualmente leyes guillotina, y el veto parcial del Ejecutivo.
Los instrumentos de democracia directa, son una vía para que sea la ciudadanía, con su voto en las urnas, quien resuelva directamente algunos de los dilemas que hoy traban los acuerdos legislativos. Pero también debe estudiarse convocar a la elección de un nuevo Constituyente que permita la emisión de una nueva Constitución, que responda cabalmente a la nueva realidad.
La vía para avanzar en la construcción de la democracia mexicana tiene que radicalizar la democracia, es decir, complementar la democracia representativa con la deliberativa y la participativa; no buscando fórmulas que permitan la creación de mayorías artificiales burlando o, al menos, alterando la voluntad popular, en busca de regresar al presidencialismo meta constitucional que tanto daño nos hizo.
