Educación. El 68 por ciento de la educación secundaria en México la reciben los estudiantes de comunidades indígenas y marginadas a través de las telesecundarias, en condiciones de desigualdad.
Las poblaciones indígenas y marginadas están excluidas del derecho a la educación en México, alertó Miguel Ángel Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de la Educación, al hacer un recuento sobre la violación de esta garantía asentada en el Artículo 3° constitucional.
La queja del especialista la recibió el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernon Muñoz Villalobos, que en su primera visita oficial al país se reunió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con investigadores y especialistas en la materia.
Rodríguez puso como ejemplo que el 68 por ciento de la educación secundaria en México la reciben los estudiantes de comunidades indígenas y marginadas a través de las telesecundarias, en condiciones de desigualdad.
Son planteles, dijo, donde millones de niños reciben la instrucción a través de uno o dos maestros y con malas condiciones de infraestructura escolar.
El presupuesto del sector educativo, enfatizó el investigador, se designa de manera caprichosa y discrecional, y en el aparato burocrático y legal no hay cabida para hacer exigible el derecho a la educación.
"El hecho de ser indígena pone en situación de desventaja entre dos y seis veces más a estos estudiantes, pues la educación de calidad sigue sendo una promesa sin garantía de cumplimiento", expuso.
Luis Gómez, del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la UNAM, sostuvo que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha desplazado el presupuesto educativo hacia la seguridad, para la compra de armamento.
Resultado de lo anterior, advirtió, sólo el 24 por ciento de los jóvenes en edad de cursar la educación superior tienen un lugar en este nivel y sólo 48 por ciento tiene acceso a la media superior.
Gómez mencionó que México es una fábrica de huérfanos que garantiza la disponibilidad de personas para el crimen organizado.
La doctora Gloria Ramírez, de la Cátedra UNESCO de Derecho Humanos de la UNAM, dijo que entre 2000 y 2008, el Gobierno mexicano ha presentado 24 informes de derechos humanos, resultado de los cuales se han emitido 166 recomendaciones relacionadas con el acceso a la educación.
De esta cifra, 83 recomendaciones, añadió, fueron específicamente a la Secretaría de Educación Pública, 31 de las cuales están relacionadas con la promoción de campañas de sensibilización de derechos humanos y violencia de género en las escuelas.
Ramírez alertó al relator de que en el Gobierno mexicano no existe una instancia que dé seguimiento a las recomendaciones internaciones.
La especialista puso como ejemplo que en todo el nivel de educación media superior no hay una instancia que atienda y canalice la violencia de género en los bachilleratos.
Durante la reunión de una hora, debido a la apretada agenda del relator, éste dijo que al finalizar su visita entregará un preinforme con algunas recomendaciones preliminares sobre el derecho a la educación.
Este derecho, afirmó, es la puerta que garantiza el ejercicio de todos los demás derechos.
El relator de la ONU, que inició ayer una visita a México que concluirá el 18 de febrero, también se reunió con el rector de la UNAM, José Narro e investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
