Nacional martes 26 de ene 2010, 9:15am - nota 13 de 38

'Olvida' Gobierno bienes decomisados

EL UNIVERSAL / CULIACÁN, SINALOA.-
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En el abandono. En julio de 2008, un grupo de sicarios se enfrentó con elementos del Ejército en esta vivienda. A más de un año las huellas del enfrentamiento continúan intactas.

Viviendas, vehículos y negocios que han sido decomisadas en Sinaloa al crimen organizado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano para posteriormente asignarlos a la PGR y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se encuentran abandonados y en deterioro.

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Se realizó un recorrido por una decena de inmuebles incautados en esta entidad y los encontró sin sellos o con éstos violados, en deterioro y grafiteados. Se hallaron también automóviles desmantelados.

Entre las casas en mal estado se encuentra aquélla en donde detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", la mañana del 21 de enero de 2008.

Dicho domicilio, está con los sellos de la PGR violados y con algunos daños materiales en su interior.

Otro domicilio, donde en septiembre de 2008 fueron decomisados 26 millones de dólares también está en abandono. El inmueble está en el fraccionamiento Rincón del Valle, en Culiacán.

Al respecto, especialistas en el tema señalaron que la Procuraduría General de la República cuenta con dos recursos para quitarle al crimen organizado sus bienes, que son más rápidos que el juicio penal que normalmente se sigue.

El más sencillo y expedito es la "declaración de abandono de bienes en favor del Estado", que en un plazo de 90 días le permite hacerse de los recursos que hayan sido asegurados. Basta que el Ministerio Público haga la declaratoria, lo notifique, incluso vía los periódicos, y si no hay reclamo, ingresarlos a las arcas públicas.

Fue el procedimiento que se utilizó en el caso de los 205.6 millones de dólares que le fueron asegurados a Zhenli Ye Gon en marzo de 2007.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, que entró en vigor el 27 de agosto del año pasado, establece un procedimiento civil que dura seis meses y en el que si los sujetos demandados no interponen recursos de apelación o amparo, pierden la propiedad.

A pesar de que dicho instrumento fue impulsado por el Ejecutivo, desde que está vigente no ha sido utilizado.

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