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Mediación y atole con el dedo

Plaza Pública

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El lunes pasado la reconstituida y ampliada Comisión de mediación entre el EPR y el Gobierno Federal se reunió con familiares y personas interesadas en el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Al anunciar una semana atrás su reintegración, la Comed había dicho que para sus miembros "es imposible dejar de escuchar a los familiares", dando a entender que esa era una de las razones para volver a la actividad pública. Una y otra parte se habían reunido varias veces, y al concluir el encuentro del 18 de enero, los familiares de los desaparecidos, que han formado el comité

, expresaron a la Comed el "sumo agrado" con que recibieron "la noticia de su disposición para continuar con los trabajos... para esclarecer la desaparición forzada de nuestros familiares y lograr su presentación con vida".

El 24 de abril de 2008 el EPR propuso crear una Comisión de mediación para que en diálogo con el Gobierno se estableciera el paradero de sus dos militantes, hechos desaparecer el 24 de mayo de 2007. Era un paso significativo de la agrupación insurgente, la adopción de una medida política, pues meses atrás en protesta por esa desaparición había atacado instalaciones de Pemex en los estados de Guanajuato, Querétaro y Veracruz con un saldo de importantes pérdidas materiales y obstrucción del proceso económico. Por este motivo, las personas invitadas a formar la Comisión condicionaron su aceptación a que el EPR cesara cualquier acción armada en tanto durara el esfuerzo de mediación. Esa y otras condiciones fueron aceptadas y a partir de mayo, tras el difícil abatimiento de la reticencia gubernamental a reconocer a la Comed como órgano de mediación, comenzó el aún más difícil proceso de acercamiento. Un año después de su integración, y ante la actitud del Gobierno Federal, la Comisión resolvió desintegrarse. Sus miembros comprobarían recientemente cuán engañosa, además de ineficaz, era la posición de la Secretaría de Gobernación.

El 16 de diciembre pasado, el EPR solicitó a la ex Comed su reintegración, y el seis de enero Gobernación manifestó su disposición a reanudar el diálogo. Los integrantes de la ex Comed se reunieron el propio seis y el once de enero. Acordaron su reconstitución y ampliación y establecieron el carácter de su nueva tarea, que no podía circunscribirse a la hasta entonces inútil espera de buena disposición de las autoridades. Además de sus miembros iniciales (José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García), la Comed está integrada ahora también por Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Sarabia y Pablo Romo Cedano (que como miembros de la organización Servicios y Asesoría para la Paz habían prestado una generosa y eficaz cooperación, constituyendo de hecho una secretaría ejecutiva de la Comisión), así como el abogado y activista Jorge Fernández Souza, y el superior de los dominicos, la Orden de Predicadores en México, Gonzalo Ituarte.

Desde su reunión constitutiva la Comed expresó su preocupación por la desaparición forzada de personas, delito contra la humanidad de que son víctimas Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Al reintegrarse, la Comed ampliada subrayó su convicción a ese respecto, y se consideró estimulada por la emisión de dos sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por conductas constitutivas de ese delito de lesa humanidad. Una de ellas se refiere a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, sentencia que, según aprecia la Comed, "abre la posibilidad de que este tipo de crímenes... sean castigados en nuestro país y sobre todo que se localice con vida a otros detenidos desaparecidos".

Respecto del diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Comed fue puntual y clara: "consideramos un hecho fácilmente verificable que no se han modificado las condiciones en que la Comed decidió suspender sus tareas, dado que el Gobierno Federal continúa sin voluntad política que se concrete en acciones específicas que lleven a la solución del problema". Por ello, la Comed decidió diferenciar su papel como grupo de trabajo atento al fenómeno de las desapariciones forzadas (a partir de las personas cuya afectación suscitó la creación del propio grupo), de "la existencia de una mesa de diálogo que no depende de una decisión de la Comed, sino en este momento, de decisiones del Gobierno Federal que no sean solamente declarativas".

La Comisión ratificó a Carlos Montemayor como su vocero. A los muchos títulos que lo acreditan como una persona eminente en la esfera del pensamiento y la creación, agregó hace unas semanas la recepción del Premio Nacional de Literatura. Entrevistado el 7 y el 8 de enero por Adriana Pérez Cañedo se enteró de la tomadura de pelo a que Bucareli había sometido a la Comed: el periodista de El Universal, Jorge Alejandro Medellín pidió a la Secretaría de la Defensa copia de cartas que la Comed le había hecho llegar -creyeron sus miembros- a través de Gobernación. Pero la Sedena no halló la documentación solicitada y así lo hizo saber al solicitante. Su respuesta -escribió Montemayor en

El 14 de enero, "es contundente: no recibió nuestro documento. O sea, la Secretaría de Gobernación incumplió el acuerdo establecido con la Comed de transmitir nuestras preguntas a la Sedena, un ejemplo cabal de la poca disposición de avanzar en el diálogo".

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