A esta hora, quizá, los magistrados del sexto tribunal colegiado del primer circuito en materia del trabajo han emitido ya, o se disponen a hacerlo, una nueva sentencia en el caso de la huelga de Cananea, que se ha prolongado por casi treinta meses, desde el último día de julio de 2007. Si aplican el derecho a derechas, en congruencia con varias resoluciones de compañeros suyos de la judicatura federal, validarán una vez más la posición de los trabajadores que exigen a través de la huelga el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Si rompen la lógica de los anteriores pronunciamientos judiciales y se suman a los sesgados laudos de la Junta federal de conciliación y arbitraje, una y otra y otra y otra vez derrotada en sus empeños de declarar inexistente esa acción obrera, se hará realidad la sospecha de que cedieron a las presiones del poderoso Grupo México y las autoridades federales. Sobre la presunción de que esta vez obtendrían una decisión favorable a sus intereses, la empresa minera ha contratado en los días recientes, en Nacozari, a trabajadores que sustituirían a los que ya no tendrían relación laboral con el empleador más rudo que conocen los anales de la historia laboral mexicana.
La huelga de Cananea, y las que afectan a empresas de menor dimensión en Sombrerete, Zac. y Taxco, Gro., forman parte del intenso y polifórmico embate que Grupo México, en clara connivencia con la Secretaría del Trabajo, la Junta respectiva y otras autoridades ha lanzado contra el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y su formalmente depuesto dirigente principal, Napoleón Gómez Urrutia, que en los hechos sigue encabezando a su gremio, como lo muestra la resistencia de mil cien miembros de la Sección 65 del sindicato, que no han cejado en su objetivo de lograr que se respete la relación laboral en los términos pactados.
Todo lo han intentado los enemigos del sindicato y de Gómez Urrutia. Pretendieron sustituirlo en la secretaría general, generaron un improbable sindicato único en Cananea, dieron vida a un exangüe sindicato de trabajadores de la exploración, explotación y beneficio de minas de la República Mexicana, promovieron muchos juicios penales contra el líder al que quieren derribar, corrompieron a personal dirigente, mantienen preso al presidente del comité de vigilancia. Con esa panoplia de recursos algunos avances han conseguido, pero no han logrado ni la extradición y encarcelamiento de Gómez Urrutia, que continúa sus labores de dirección desde Vancouver, lugar desde donde genera una vasta solidaridad internacional a su movimiento; ni hacer que la mayor parte de los miembros y líderes secciones lo despidan. Una de las razones de la unidad gremial es la exitosa gestión sindical propiamente dicho del comité nacional encabezado por Gómez Urrutia, que ha conseguido en los años recientes, incluido el horrible que acaba de terminar, aumentos salariales muy por encima del promedio.
Cananea padece la postración que resulta de la suspensión de actividades de su principal y emblemática fuente de trabajo. La situación es descrita profusamente por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde, uno de los secretarios de la mesa directiva, en una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una comunicación personal al autor de estas líneas. Moreno Terán expone a la CNDH que durante la prolongada suspensión de labores, "1,100 familias han dejado de percibir ingresos. Este hecho por sí mismo nos dibuja claramente la magnitud del problema, pues ese segmento muy significativo de una población de 30 mil habitantes ha estado sobrellevando la situación prácticamente en base a la caridad: despensas, cobertores y mínimos apoyos en efectivo que algunas organizaciones han podido solventar".
Y basado en información ofrecida por el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro Estrada, a senadores el 29 de julio pasado, agrega que se "ha dejado de generar una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, para un total aproximado ya de 4,200 millones", y que "Cananea concentra el doce por ciento de la producción minera del país y el 46 por ciento de la producción de cobre".
Me dice que el hospital de Ronquillo y la Clínica Obrera han dejado de funcionar; que el consumo de agua está afectado porque la empresa dejó de otorgar un subsidio al consumo eléctrico en los pozos respectivos; que el servicio de gas natural fue suspendido por el adeudo de casi diez millones de pesos, de los trabajadores mineros; que han cerrado 143 establecimientos comerciales, lo mismo que cuatro escuelas privadas; que se ha incrementado la migración; y que los cananenses padecen zozobra e intranquilidad.
Moreno Terán pidió a la CNDH que designe un visitador y se emita recomendación a las autoridades responsables: Secretaría de Gobernación Economía, Salud, Trabajo y Previsión social. Y en su carta señala "como culpable de la dramática y trágica situación que priva en Cananea al Grupo México por la crudeza e insensibilidad de abandonar a su suerte a toda una población, guiado únicamente por intereses económicos, dejando de lado su responsabilidad social en una población (que ha) dejado millonarias ganancias a la familia Larrea. Reprocha a Gómez Urrutia su "insensibilidad (que deja) a sus representados en las condiciones más miserables", y a la Secretaría del Trabajo por su "negligencia, permisividad y falta de capacidad..."
