Alertada desde hace varios días por el sindicato minero la posibilidad de una abrupta ruptura de la huelga de dos años y medio en la histórica Minera de Cananea, el golpe, en efecto, llegará esta semana, sólo que con una barredora por delante.
La ruta es simple: por mayoría los magistrados del Segundo Tribunal en Materia de Trabajo del Distrito Federal rechazarán una solicitud de amparo del organismo de representación laboral contra una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaraba extinguida la relación laboral entre ésta y el patrón, es decir el Grupo Minera México.
Cancelada, pues, la última instancia de apelación, la resolución se hará efectiva, permitiendo a la empresa contratar a otro sindicato o permitir la integración de alguno nuevo con trabajadores independientes.
La derrota total, pues, para Napoleón Gómez Urrutia... por más que la ley obliga a la firma de Germán Larrea a indemnizar a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares que encabeza éste, algunos de los cuales serían recontratados al albedrío de la empresa.
El golpe se dio en base a una recomendación de la Secretaría de Economía, fedataria de las concesiones en materia de minería, en que se habla de la inviabilidad de continuar la explotación de la mina de cobre bajo el marco actual. El documento está acompañado de peritajes y testimonios notariales en los que se da cuenta de un supuesto saqueo a las instalaciones de la principal productora de cobre del país por parte de los huelguistas.
Según ello, pues, dueños de la custodia de la mina, los trabajadores habrían extraído en operación-hormiga toneladas de cobre de transformadores, depósitos, maquinaria... provocando daños incalculables a la empresa.
Más aún, se habla de la ruptura de la tubería que permitía el flujo de agua en el proceso de producción desde nueve pozos, además de cortes a los cables de luz eléctrica. Y si le seguimos, se habla de sabotaje a las instalaciones para avalar la argumentación original que provocó la huelga, es decir la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad.
En el recorrido realizado se tomaron decenas de fotografías que se incluyeron en el documento.
Expedida la causal por la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Mateos, la Junta Federal de Conciliación dio por válidas las razones, decretando la extinción de la relación laboral... contra lo que buscó el amparo el sindicato minero. La revisión del asunto se prolongó durante más de un año. Naturalmente, el golpazo, que dejaría al grupo de Gómez Urrutia sin su principal bastión, provocará una reacción furiosa del sindicato que, desde ya, anuncia una campaña internacional para pregonar que en México no se respeta el derecho de huelga.
De hecho, en la fase previa éste intensificó la presión para una salida negociada, al punto de enviar a un grupo de mujeres a solicitar el apoyo de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Ahora que Gómez Urrutia perderá la opción de canjear la huelga por acciones ajenas a la causa los trabajadores, es decir el levantamiento de las órdenes de aprehensión que pesan en su contra por el presunto desvío de recursos que debieron haberse prorrateado entre los trabajadores.
Más aún, de acuerdo al propio Grupo Minera México, Napoleón habría pedido una multimillonaria indemnización en dólares por los daños y perjuicios provocados al no atenderse los causales que originaron la huelga... por más que la empresa tiene testimonios notariales de que los allanó en su momento.
Por lo pronto, el hecho dejará un precedente para hacer lo propio con las huelgas en dos minas más del Grupo México, ubicadas éstas en Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.
Los tres paros estallaron casi simultáneamente.
La cuenta regresiva, pues, está en marcha: Waterloo para Napoleón, aunque en la batalla la ciudad de Cananea se convirtió en fantasma.
Más de lo mismo: Desde otro frente, empero, la balanza se inclinó hacia la causa de Gómez Urrutia, al desistirse la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de la solicitud que había planteado ante un juez para expedir órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia a la cabeza de ellos.
La razón esgrimida es que en una segunda revisión del expediente se comprobó la legalidad del traslado del remanente de los recursos del fideicomiso abierto en el Banco Inverlat, hoy Scotiabank, en que se depositaron los 55 millones de dólares que entregó el Grupo Minera México para prorratearse entre los trabajadores que sobrevivieron a la privatización de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
El compromiso, a la venta de éstas, fue entregarles el cinco por ciento del capital de las factorías, incluidas Mexicana de Ácido Sulfúrico, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, que la firma decidió monetizar.
Repartido parte de los recursos entre los trabajadores que tenían derecho, el saldo, por acuerdo del Comité Técnico del fideicomiso, pasó a manos del sindicato, lo que ahora se considera legal.
Más aún, se aduce que el delito de malversación de que se acusó a Gómez Urrutia y demás no tiene sustento por no haber sido planteada la querella por el propio sindicato.
¿ZANCADILLA A MARCATELL?
En lo que da idea de lo virulenta que será la guerra cuando por fin el presidente Felipe Calderón se decida a oficializar el envío de una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia para endurecer el combate a los monopolios, cuyo borrador lo tiene la bancada panista, la firma de telefonía Marcatel se queja de represalias de Teléfonos de México por "atreverse" a avalar la posibilidad.
El espaldarazo de la empresa para modernizar la legislación acercándola al entorno internacional, se dio vía comunicados y entrevistas directas de su presidente, Gustavo de la Garza.
De acuerdo con la denuncia, Teléfonos de México ha obstruido intencionalmente la interconexión de las llamadas de la querellante, afectando a 160 mil usuarios.
Si hasta mayo del año pasado la efectividad era de 60%, hoy alcanza apenas 25%, nivel muy por debajo de la calidad exigida por los estándares internacionales.
Más al detalle, la empresa alega que ocho de cada 10 llamadas no logran conectarse adecuadamente.
Marcatel ya presentó denuncias en doble vía: penal y administrativa. En el primer caso ésta se ubicó en una ventanilla de la Procuraduría General de la República, y en el segundo en las de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Los bombazos, pues, van en serio.
